Con el crecimiento inusitado de la criminalidad en nuestro país muchas cosas han ocurrido y que han dejado huella indeleble en la memoria de los mexicanos y mucho dolor en incontables familias. No resulta fácil hacer un recuento de los daños provocados por la febril actividad de quienes decidieron recorrer los torcidos caminos del mal, pero las frías estadísticas están en los registros oficiales, y en los que llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil
especializadas en el tema. Hacer un recuento del dolor causado a las familias mexicanas nos llevaría indefectiblemente a cifras de horror porque muy pocos se escapan de padecer los efectos nocivos de la violencia.
No ha sido fácil convivir con los estragos que causa el crimen en estados como Chihuahua, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán o Sinaloa, pero para quienes ahí viven y conviven han tenido que soportarlo estoicamente. Todos los mexicanos hemos sido tocados de una forma u otra por los tentáculos de la criminalidad. Familiares, amigos, conocidos, o familiares de nuestros amigos, han sucumbido o afectados en mayor o menor grado por la delincuencia. Esa es nuestra lamentable realidad, padecer las consecuencias de algo que no ha sido provocado por nosotros, sino por la ineficiencia de las impreparadas policías que tenemos. Muchas cosas suceden que no tienen explicación porque los bandos involucrados mantienen estrecha relación en la mayor parte de las veces.
Que una decena de jóvenes desaparezcan sin dejar rastro es algo que tiene que llamar la atención de nuestras autoridades. Hijos de delincuentes o no, tienen el derecho de que la estructura gubernamental cumpla con su obligación de procurar seguridad pública a quienes aquí vivimos. Es impensable que la desaparición sea producto de la connivencia entre autoridades y policías, pero tiene que analizarse tal posibilidad porque no se puede ni se debe dejar un solo cabo suelto. No existe registro del secuestro masivo en las cámaras de la Secretaria de Seguridad Pública, pero la obligación es dar con el paradero de los responsables ya que de lo contrario sería el principal indicio de que la impunidad ha llegado a la Capital de la República.
Bastante hemos tenido con los criminales que desde la esfera administrativa han saqueado las delegaciones políticas y han establecido feudos territoriales donde ellos son los que disponen como se tiene que aplicar la justicia. Nunca la Capital de la República había tenido el control clientelar y delincuencial que han mantenido las tribus perredistas, es más, ni en los peores tiempos de gobiernos priístas. Mancera tiene una concepción distinta de la política y de la justicia, y me parece que posee toda la intención de imponer orden en esta parte de país. Al tiempo. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.