Son varios ya los casos en los que algunos juzgadores se han visto involucrados en actos de corrupción. Y no es que sea la generalidad de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, pero cualquier abogado litigante sabe de qué pie cojea la mayor parte de ellos. Sé que esto que afirmo no gustará a muchos que se dedican a la que debiera ser
la más noble de las funciones públicas, porque lo que está de por medio es la aplicación de las leyes para otorgar justicia a quienes entran en alguna controversia, o simplemente porque acuden a responder ante la eventualidad de haber cometido alguna falta o quizá un delito. Cualquiera que lo haya hecho así, sabe también lo que es padecer por el tiempo que duran las controversias o los juicios, ya que si algo contradice a la letra de la Constitución es la justicia, porque de expedita no tiene absolutamente nada.
Ni qué decir de los juicios que se ventilan ante las juntas de Conciliación y Arbitraje donde los laudos normalmente tardan hasta cuatro años en llegar, y la afirmación dolosa de los litigantes es la constante porque lo que se tutela son los derechos de los presuntos trabajadores. La industria del engaño y de la superchería forma parte de la forma en que se desarrollan los juicios laborales. Hay quienes afirman que trabajaron con determinada persona o determinada empresa sin que eso sea verdadero, y la carga de la prueba le corresponde a la parte demandada. Cuando se demuestra que nunca existió una relación laboral, no hay forma de imputarle a los venales abogados algún delito porque no existe el tipo penal, pero tampoco a los presuntos trabajadores por incurrir en falsedad de declaraciones porque las juntas no son autoridades judiciales.
En el ámbito penal la corrupción es brutal porque lo que se litiga es la libertad, y esa no tiene un valor determinado. La gente paga lo que sea con tal de no perderla, porque el encarcelamiento significa el pago de protección y enfrentarse a las mafias que controlan la industria de los reclusorios. Por eso se explica que los narcotraficantes son aprehendidos y resulta que previamente fueron liberados por causas procedimentales. Ocurrió mucho durante los primeros años del calderonato. Un ejemplo de ello es el expediente que se inició en 2011, y que está a cargo de la Subprocuraduría de Delitos Federales, en los que se investiga a los jueces Luis Armando Jerezano Treviño y Ricardo Hiram Barbosa Alanis, por corruptos. Todavía no hay resultados.
Por mucho que me digan los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ganan más de medio millón de pesos en razón de la importancia de su encargo, ese es uno más de los actos de corrupción de los senectos juzgadores, quienes aprovechando su independencia se adjudican sueldos millonarios para juzgar a un pueblo que tiene a más de la mitad de su población en la pobreza. Hay corrupción procurada, y hay corrupción consentida. Lo que no tienen nuestros juzgadores es verguenza. Al tiempo. Vladimir.galeana @gmail.com