A ver. Sorprende una vez más que los gobernantes desconozcan la cosa pública e incurran por lo menos en omisiones informativas graves, que denotan una pobre
gobernanza. Digo esto a propósito de lo ocurrido la víspera en Puebla, específicamente en la mixteca poblana, que visitó el presidente López Obrador con la finalidad de evaluar la atención a la salud.
Una crónica del diario La Jornada sobre esa visita presidencial reveló el descuido al menos de algún presidente municipal, y todavía peor, del propio y flamante gobernador y correligionario del presidente, Miguel Barbosa, quien se vio obligado de última hora a entrar al tercio para salvar la inesperada reacción de López Obrador, al admitir que “nunca” le habían expresado “en mantas” la necesidad de vigilancia en la zona. Si no se conoce y admite al menos un problema ¿cómo entonces habrá de resolverse?
Dijo esto el presidente durante el encuentro con la población de Chiautla en la que anticipó la intervención de la Guardia Nacional.
Surgen las preguntas básicas y obvias sin embargo: ¿acaso no sabía López Obrador sobre el problema de inseguridad que padecen los pobladores en Chiautla, Puebla? ¿Nadie, ya sea el presidente (a) municipal y el propio gobernador, entre otros gobernantes, informó con anticipación al presidente el problema de inseguridad que denunciaron los pobladores?
López Obrador llegó a la zona con una agenda bajo el brazo, pero tuvo que incorporar un tema diferente, imprevisto y que no le informaron. Parece un asunto menor, pero no lo es. Cada vez que el presidente anuncia una visita a algún punto de la geografía nacional, debe ser informado, alertado y prevenido sobre los temas de esa zona. ¿O no? Si sus colaboradores, aliados políticos o gobernantes en general, le ocultan, disfrazan o mal informan sobre los temas críticos de los puntos visitados, arriesgan al presidente, pero sobre todo complican la gobernanza.
Tampoco deberían esperar a que el presidente “los instruya” sobre aspectos críticos de la gobernanza nacional, trátese de un poblado, un municipio, un estado o cualquier otro escalón o instancia gubernamental. Los colaboradores, aliados políticos o gobernantes en general deberían cumplir la obligación de informar y proponer soluciones adecuadas al jefe del Ejecutivo antes que esperar a que éste “los instruya”, como pomposa y repetidamente señalan públicamente. Tampoco deberían negar o regatear información al jefe del Ejecutivo.
Aquí me está escuchando el ciudadano gobernador y también el general (Luis Rodríguez) Bucio (responsable de la Guardia Nacional) para que pongan orden aquí en la Mixteca, apuntó López Obrador, en un reclamo tácito a ambos.
Obligado por la circunstancia, Barbosa abordó el tema, según la crónica periodística. Dijo el gobernador que devolvería la tranquilidad a la gente y aseveró que se están desmantelando bandas de narcotraficantes. Dijo más. “Los tenemos identificados, sabemos quiénes son y los vamos a detener”, prometió seguramente en un intento por aminorar el impacto del arrimón presidencial.
Algo parecido ocurrió camino a Chiautla, donde el mandatario topó con caminos devastados en el colindante estado de Morelos, lo que le motivó a subir un video para denunciar esta condición:
Nos paramos para mandarle un mensaje al gobernador (Cuauhtémoc Blanco, de Morelos) que se atiendan estos caminos (...) nosotros vamos a procurar que estén bien las carreteras federales, se están invirtiendo 20 mil millones de pesos para que ya no haya esta situación lamentable y vergonzosa, pero ¿y las autoridades locales?, ¿los presidentes municipales?, ¿los gobernadores? Ya todos tenemos que ponernos a trabajar, comentó el jefe del Ejecutivo.
Le digo. Con razón López Obrador ha comparado la administración federal con un “elefante reumático”. Según él, ese elefante “ya se paró y está empezando a caminar”. ¿Será?