La Secretaría de Relaciones Exteriores y Procuraduría General de la República han extraditado, la mayor de las veces a Estados Unidos, a casi un millar de connacionales presuntamente relacionados con hechos delictivos, contradiciendo la doctrina Estada y faltando el respeto a tribunales mexicanos, ya que en casi el 100 por ciento de los casos los inculpados no
han concluido sus procesos y mucho menos sentenciados, de acuerdo a datos recientes de ambas dependencias.
En este contexto, “la entrega de mexicanos a gobiernos extranjeros por la presunta comisión de hechos delictivos, deja a éstos en total estado de indefensión, ya que serán juzgados con base en leyes distintas a las de su país, se enfrentarán a jueces, fiscales y jurados muchas veces de consigna, alejados de sus familiares, sin recursos económicos para su defensa y a meced a sus verdugos, ya que la mayoría de las extradiciones a la Unión Americana son selectivas, a gusto de las autoridades estadounidenses”, puntualizó en entrevista el presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, Alberto Woolrich Ortiz.
“No estamos en contra de las extradiciones, pero que las mismas se realicen con estricto apego a derecho, a lo que se precisa claramente en nuestra constitución y con absoluto respecto a los derecho humanos. El objetivo es que nuestros connacionales que sean extraditados no queden en estado de indefensión, como actualmente ocurre, y que dichas acciones sean ordenadas por autoridades judiciales, no diplomáticas, ya que estas tienen otra misión, que no es propiamente la de extradiciones”, asentó el penalista en reunión con legisladores a efecto de evitar más extradiciones extralegales.
Un claro ejemplo de lo anterior lo constituye Alfredo Beltrán Leyva, cuyos representantes legales solicitaron en el juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Jalisco la protección de la justicia federal –número 1559/2014/VI-- a efecto de que las autoridades ministeriales de la Federación informaran si tenía pendientes actuaciones judiciales y de ser ciertas se suspendería su posible extradición, toda vez que, con base en la ley, puede ser extraditado a Estados Unidos o alguna otra nación que le requiera siempre y cuando haya sido juzgado y sentenciado, lo que en el 100 por ciento de los casos de extradición no ocurre. “No se trata del acuerdo de extradición dictado por el secretario de Relaciones Exteriores el 26 de noviembre de 2013 ni tampoco alguna consecuencia directa o indirecta del mismo, sino de actuaciones judiciales pendientes”, explicó.
“Situaciones similares han enfrentado y enfrentaran, otras personas que son requeridas por la justicia norteamericana por la supuesta comisión de conductas delictivas, mientras que las autoridades mexicanas no se atreven a solicitar a sus homólogas del vecino país del norte entregue en extradición a los policías que con frecuencia asesinan en su territorio a connacionales. Sería conveniente que tanto las autoridades diplomática como ministeriales y policiales informaran a la sociedad el número de extradiciones que el gobierno de Estados Unidos les han concedido y se verá que el número es mínimo, ya que los norteamericanos si pueden perpetrar cualquier delito contra migrantes mexicanos con la seguridad de que no serán sancionados”.
Woolrich Ortiz, insistió en que no está contra la extradición de connacionales a EU o alguna otra nación, sino que las mismas se realicen una vez que los presuntos responsables sean juzgados y sentenciados en nuestro país y se les ponga a disposición de las autoridades que les requieren de manera temporal para ser juzgados e incluso sentenciados, luego de lo cual deben ser devueltos a México para que cumplan las sanciones corporales que les hayan sido impuestas”.
“Es un hecho que las autoridades norteamericanas, al menos para las autoridades di0lomáticas y ministeriales mexicanas, están por encima de los tribunales nacionales, los que merecen respeto y que deben ser los encargados de autorizar las extradiciones, las que obedecen a deseos, órdenes y venganzas por parte de los vecinos del norte, quienes en muchas ocasiones ofrecen a los inculpados acogerse a su programa de testigos protegidos a cambio de que éstos les proporcionen información supuestamente privilegiada, la que seguramente emplean para su beneficio, sin importantes las autoridades mexicanas, las que se subordinan a ellas, al menos en los casos de extradiciones, las que durante la administración del ex presidente Felipe Calderón sumaron un centenar por año”.