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Este jueves a las 11 de la mañana en la sede de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) está citado como indiciado el ex mandatario tabasqueño Andrés Granier Melo, confirmó el procurador estatal Fernando Valenzuela, indicando que en los siguientes 15 días deberán llegar el ex tesorero José Saiz Pineda y el de egreso de la pasada gestión gubernamental, Miguel Ángel Contreras.

A través de un twiter emitido por el Gobierno de Tabasco, el funcionario judicial destacó que este 30 de mayo deberá estar en las oficinas de esta dependencia el ex gobernador Andrés Granier Melo, José Saiz Pineda el día 5 de junio, en tanto que el ex subsecretario de Egresos, Miguel Ángel Contreras, lo hará el viernes 7 de junio, ambos a las 11:30 horas.

Los tres comparecerán en su carácter de indiciados, aclaró este comunicado.

Valenzuela Pernas detalló que la notificación de la comparecencia se le dejó al ex gobernador Granier Melo en el número 119 de la calle de Mario Brown, donde habitó con su familia; mientras que el otro se le hizo llegar al domicilio ubicado en la calle de La Venta, en la colonia Campestre de la zona exclusiva de Tabasco 2000.

Asimismo, se le hizo llegar el correspondiente documento al secretario de Finanzas tanto en un domicilio en Villahermosa como en el despacho que citó para oír citas y notificaciones en la ciudad de Mérida, mientras que al ex subsecretario, indicó, no se le ha podido notificar.

En cuanto a la queja interpuesta por Marlis Cupil López ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Valenzuela Pernas replicó con su intención de no caer en dimes ni diretes.

Y puso en tela de duda la credibilidad de la acusación externada por Cupil López, a quien señaló que el día de los hechos declaró amamantando a su hijo, y después manifestó su extrañeza por haberse ido después de haber egresado del hospital privado – donde fue atendida – a bordo de un vehículo europeo que después precisó fue un BMW.

Manifestó su interés por que se investigue el incidente denunciado ante la CNDH e invocó la importancia del protocolo de Estambul, el cual considero como una herramienta “para acreditar si hubo tortura psicológica o física”.

Cuestionó también el costo del despacho jurídico que defiende a Marlis Cupil al considerar que “hay recursos suficientes financieros” al considerarlo como “un despacho bastante costoso, no es un despacho que pagaría un mexicano cualquiera”.

Sin embargo, manifestó que en la PGJ estarán atentos al caso para que en caso de que se confirme que haya tortura, se lleve a cabo la investigación respectiva.