Para evitar que ex servidores públicos, sobe todo quienes fueron Presidente de la República, Gobernadores, Jefe de Gobierno o Ministros de la Corte, hagan uso de sus influencias en asuntos legales como recientemente sucedió con el ex Ministro Genaro Góngora Pimentel, es necesario acabar con este flagelo.
Diputados del Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), encabezados por su Coordinador, Federico Döring Casar, anunciaron reformas a los Códigos Civil y Penal del Distrito Federal.
¿“A raíz de los hechos lamentables, condenables del ex Ministro Genaro Góngora, el Grupo Parlamentario del PAN ha estado tratando de construir una propuesta de ley, la hemos denominado la Ley Anti Góngora, para evitar que esto vuelva a suceder, nos parece que en un caso tan alarmante de incongruencia, de falta de humanidad y de tráfico de influencias desde la esfera civil, tenemos que darle a la ciudadanía una herramienta para la certeza de que esto nunca vuelva a suceder”, destacó Döring Casar.
Una de las reformas, dijo la diputada Olivia Garza de los Santos, Vicepresidenta de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la ALDF, va en el sentido de modificar el artículo 277 bis del Código Penal para el Distrito Federal, en el delito que se llama Delito contra el Servicio Público cometido por Servidores Públicos.
“Desgraciadamente en una ciudad como México, este tipo de prácticas y actos de corrupción, pareciera que son usuales y que se pueden hacer; entonces, lo que buscamos con este artículo 277 bis, es precisamente impedir que funcionarios públicos estén ejerciendo o utilizando el poder que tuvieron o tengan para utilizarlo en acciones ya sea jurídicas, o en negocios. Tal es el caso de la Lady Profeco, no puede ser que una persona pueda decir que puede clausurar un negocio por su influencia”, explicó Garza de los Santos.
En su oportunidad, el diputado Orlando Anaya González integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la ALDF, recordó que Acción Nacional ya ha presentado iniciativas de reforma a los códigos penal y civil orientadas a salvaguardar el bienestar de la familia, sobre todo lo referente a garantizar la alimentación de los menores.