México, 22 de mayo 2023—Leydy Araceli Pech Martín, una mujer de 58 años, es una apicultora maya, que ha

luchado contra Monsanto y contra todo un modelo de desarrollo agroindustrial que se ha impuesto en México y que, cree, afecta a toda la población.

Ella, desde hace más de 10 años, lidera una batalla legal contra los pesticidas y los transgénicos, lo que la llevó a enfrentarse al mayor fabricante de semillas del mundo. Laydi Pech es conocida como la guardiana de las abejas o la dama de miel, y vive en una aldea Hopelchén, en la península de Yucatán, un territorio que ha sido fuertemente afectado por la deforestación y la contaminación tóxica de la agricultura industrial, que ha perjudicado, especialmente, a ecosistemas de los que dependen las abejas.

Pech tiene algunos colmenares que sustentan su economía familiar, y junto con otras mujeres de la zona en la que vive, se dedica a la crianza y preservación de la abeja melipona beecheii, una especie silvestre sin aguijón, domesticada los pueblos mayas de México desde hace siglos.

El mayor logro de Pech fue encabezar una coalición para detener la siembra de soya genéticamente modificada por la empresa Monsanto en el sur del país. La Suprema Corte dictaminó que el gobierno había violado los derechos de los mayas y suspendió su siembra. Gracias a su empeño, se revocó el permiso gubernamental a Monsanto para cultivarla.

A finales del mes de noviembre del 2020, Laydi Pech recibió el Premio Medioambiental Goldman, el más importante de su tipo en el mundo, por su “lucha histórica”, que es “un modelo para otros movimientos de lucha indígena en la protección de sus derechos y de sus tierras”, señaló la Fundación Goldman, que otorga el galardón anualmente a seis personas.

Cuando recibió este premio, la mujer señaló que esperaba que haberlo ganado sirviera para visibilizar los problemas que enfrenta su pueblo y seguir adelante con una batalla que no se dio por concluida, y de la que, aseguró, nunca desistió.

Pech declaró que desde que había iniciado la lucha, empresas y gobiernos quisieron hacer ver que ella no era nadie y que no iba a servir para nada, sin embargo, eso no la detuvo y al contrario, hizo que buscara más aliados, con lo que encontró la fuerza en la unidad del pueblo maya.

En entrevista para la *BBC*, señaló que enfrentarse a la multinacional Monsanto no fue nada fácil, y que lo más difícil fue entender la complejidad y los daños que causaría el permiso que el gobierno mexicano había otorgado a Monsanto para la siembra de soya transgénica en los territorios de comunidades mayas de Holpechén. Señaló que, como pueblo indígena, ella y los habitantes de ahí desconocían el impacto que tendría ese permiso.

Sin embargo, lo primero que hicieron fue entender el significado de transgénico, pues no sabían que era la soya GM, o sea, genéticamente manipulada, ni los daños que causaba ese cultivo.

Una vez que lograron entender las afectaciones que traía esa siembra de soya transgénica en su medio de vida, especialmente la apicultura, decidieron organizarse y hacer una unidad del pueblo maya al que pertenece. Después, interpusieron dos amparos, uno como comunidades indígenas y otro como organizaciones de apicultores.

Esto fue algo histórico, pues nunca se había tenido un proceso de ese tipo en la península de Yucatán.

La misma lucha le ayudó a ella y su pueblo a comprender la interacción que tenían las comunidades mayas con el medio ambiente y la naturaleza, y que viven amenazados y en riesgo.

Fue en 2011 y 2012, cuando se enteraron de un permiso del gobierno a Monsanto, que interpusieron su amparo y empezó su proceso legal, hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el 4 de noviembre del 2015 fue favorable al otorgarles una consulta, cuyo proceso comenzó en abril del 2016.

La consulta les dio la oportunidad de visibilizar los problemas que enfrentan por la siembra de soya transgénica, y desde entonces hay un acuerdo que obliga al gobierno mexicano a consultar a los pueblos indígenas sobre esos cultivos, un logro muy importante, sin embargo, el problema fue que la consulta traía un protocolo con el que ella y los suyos no se veían identificados, por lo que construyeron su propio protocolo, lo que los ha llevado a una confrontación de acuerdos con el gobierno.

El gobierno dijo que la consulta debía ser previa, libre e informada, culturalmente adecuada y de buena fe, sin embargo, ninguno de estos principios se respetaron. Por ejemplo, acusaron que se usa un lenguaje muy técnico que dificulta su comprensión.

Notaron que estaba surgiendo una violación a sus derechos, por lo que rechazaron esa consulta.

Del 2016 al 2018 iniciaron una nueva consulta, pero nunca pasaron de la primera fase de acuerdos previos, pues les querían imponer un protocolo que nunca aceptaron, ni por parte del gobierno saliente, de Enrique Peña Nieto, ni del entrante, de Andrés Manuel López Obrador.

La consulta quedó parada porque el gobierno no quiso respetar los protocolos de los pueblos indígenas, y, acusaron, eso no solamente ocurre en Yucatán, pues hay otras que se están dando a nivel nacional y que no se respeta.