México, 09 de abril 2025 ::: La Mesa Directiva informó que el pasado 3 de abril, el Senado de la República recibió
la minuta por la que se expide la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que tiene el objetivo de actualizar el sistema de contrataciones públicas y dar cumplimiento a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Este proyecto plantea reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Federal de Austeridad Republicana; de la Ley de la Economía Social y Solidaria; y de la Ley General de Sociedades Cooperativas.
Además de crear la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, en sustitución del Sistema CompraNet, con el objetivo de automatizar todo el proceso de contratación pública, además permitiría la suscripción de contratos por medios electrónicos y facilitará la interconexión entre sistemas electrónicos relacionados a las contrataciones públicas.
También propone la creación de la Tienda Digital como mecanismo de contratación, dirigido a los bienes y servicios de uso común y generalizado. Con la Tienda Digital, agrega la minuta, se busca sustituir los mecanismos tradicionales por asignaciones ágiles y expeditas que permitan la obtención de bienes y servicios con toda oportunidad.
Las reformas están encaminadas a establecer nuevos procedimientos de contratación; incluir elementos de justificación para las contrataciones entre entes públicos; medidas de vigilancia y control efectivo que se apeguen a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
En el documento se impulsan condiciones favorables a sociedades cooperativas, organismos del sector social de la economía, micro, pequeñas y medianas empresas, así como a grupos de atención prioritaria para fomentar la competencia y la obtención de mejores precios y condiciones de calidad para el Gobierno.
Al mismo tiempo, se permite la participación en la economía a una escala más amplia de grupos, para generar bienestar a la población de los sectores más vulnerables.
El proyecto fue turnado directamente a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, con opinión de la de Anticorrupción y Transparencia.