Ciudad de México, México ::: 25 de mayo de 2026 ::: La estrategia federal enfocada en desarticular las redes de protección al crimen organizado registra capturas en al menos cinco entidades federativas del país. Desde su implementación, el despliegue ha derivado en la detención de alcaldes, mandos policiales y operadores políticos vinculados a células delictivas.
La estrategia comenzó el 22 de noviembre de 2024 en el Estado de México, donde fuerzas federales y estatales ejecutaron órdenes de aprehensión contra servidores públicos investigados por delitos como secuestro, homicidio, extorsión y delincuencia organizada.
Entre los primeros detenidos estuvieron María Elena “N”, alcaldesa de Amanalco, además de directores de Seguridad Pública de municipios como Naucalpan, Ixtapaluca y Tejupilco, así como funcionarios del DIF de Tonatico.
En el programa participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia, además de corporaciones estatales.
El objetivo es desarticular redes de protección al crimen organizado dentro de gobiernos municipales y policías locales. Las investigaciones señalan a funcionarios que apoyan a grupos criminales con filtración de información, protección armada, control territorial y extorsiones a empresarios, comerciantes y productores.
Las autoridades han relacionado a varios de los detenidos con organizaciones criminales como La Familia Michoacana, el Cártel Nueva Generación, La Unión Tepito, Anti-Unión Tepito y el grupo denominado Nuevo Imperio.
Con el avance de la estrategia, las detenciones se extendieron fuera del Estado de México. En febrero fue detenido Diego Rivera Navarro, ex alcalde de Tequila, Jalisco, junto con ex funcionarios de su administración. Es investigado por delincuencia organizada, secuestro agravado, extorsión y presuntos vínculos con el Cártel Nueva Generación. Está recluido en el penal del Altiplano.
Los casos más recientes ocurrieron en Morelos, donde el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció la reactivación del Operativo Enjambre. Ahí fueron detenidos Agustín Toledano, alcalde de Atlatlahucan, Irving Sánchez, ex alcalde de Yecapixtla, así como funcionarios del Ayuntamiento de Cuautla, investigados por presuntas redes de corrupción y extorsión.
La estrategia ha sido comparada con el “Michoacanazo” del gobierno de Felipe Calderón, operativo que llevó a la detención de más de 30 alcaldes y funcionarios presuntamente ligados a La Familia Michoacana. Sin embargo, la mayoría de los casos se cayó después por falta de pruebas e irregularidades procesales.
A diferencia de aquella operación, el Gobierno federal asegura que el Operativo Enjambre se basa en inteligencia financiera, análisis telefónicos, cateos y despliegues simultáneos para evitar filtraciones. Además, la estrategia se amplió a varios Estados e incluye investigaciones contra distintos grupos criminales.
El operativo ha generado una percepción positiva entre la ciudadanía, al evidenciar acciones directas contra redes de corrupción y crimen organizado en Gobiernos municipales.
Hasta ahora, 20 ex funcionarios del Estado de México han recibido condenas relacionadas con delincuencia organizada y otros delitos.
Suman 147 detenidos desde el inicio del Operativo Enjambre
El Operativo Enjambre, desplegado por el Gobierno federal desde noviembre de 2024, acumula 147 funcionarios detenidos en al menos cinco Estados del país por presuntos vínculos con el crimen organizado, extorsión y otros delitos. Las entidades donde se han realizado capturas son Estado de México, Michoacán, Morelos, Jalisco, Chiapas, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Aguascalientes.
Entre los casos más representativos se encuentra el de Diego Rivera Navarro, ex alcalde de Tequila, Jalisco, detenido en febrero de 2026 por presunta extorsión y supuestos nexos con el Cártel Nueva Generación (CNG). El funcionario militaba en el partido Morena.
Los resultados más recientes de este operativo se dieron en Morelos, donde fueron detenidos Agustín Toledano Matías, alcalde de Atlatlahucan, e Irving Sánchez, ex alcalde de Yecapixtla. De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, las investigaciones que llevaron a estas capturas se relacionan con una red de corrupción y extorsión contra comerciantes, productores y la ciudadanía vinculada con grupos criminales que operan en la entidad. Ambos políticos forman parte de las fuerzas política de oposición (PRI y PAN).
Con el operativo también se capturaron a varios funcionarios del Ayuntamiento de Cuautla, aunque el alcalde Jesús Corona logró escapar y se encuentra prófugo de la justicia. Entre los detenidos se cuentan a Horacio “N”, secretario municipal; Jonathan “N”, tesorero; Pablo Adrián “N”, oficial mayor; y Arisbel Rubí “N”, ex candidata a la alcaldía.
En el Estado de México destacan los casos de María Elena “N”, ex presidenta municipal de Amanalco, de Morena; María del Rosario “N”, ex presidenta municipal de Santo Tomás de los Plátanos, de la coalición PRI-PAN; y Pedro Luis Hernández de Paz, alcalde electo del mismo municipio, también relacionado con esta alianza partidista.
En las acciones realizadas en Morelos, el secretario García Harfuch indicó que las investigaciones también contemplan a personas cercanas a la gobernadora, Margarita González, de Morena. Con este operativo se busca desarticular las redes de delincuencia organizada entre el sector público y grupos criminales, con lo que no habrá “protección contra funcionarios coludidos con la delincuencia”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum al inicio de la estrategia.
Aunque se han detenido a alcaldes, funcionarios y mandos policiales, especialistas reconocen que se debe trabajar en las redes financieras y criminales que sostienen a los servidores. Debe ser una estrategia integral que no sólo apunte hacia los políticos, sino el entramado completo del crimen organizado.