El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados Covarrubias recibió el anteproyecto de Ley para la Protección integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito
Federal, misma que será presentada ante el pleno legislativo el martes 7 de abril a fin de que se sea turnado a las Comisiones correspondientes para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación.
Durante la ceremonia protocolaria, el legislador destacó que éste es un trabajo producto del esfuerzo de las instituciones de la sociedad civil, la Comisión de Derechos Humanos, y el gobierno de la Ciudad, Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19, entre otras organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
Granados Covarrubias, expuso que con la elaboración de este anteproyecto de Ley se está cumpliendo con periodistas defensoras y defensores de derechos humanos de esta Ciudad y, “sobre todo, con esta inercia, dinámica de prospectiva que se ha generado a partir de la construcción de un documento muy articulado por parte de todos los colectivos de la sociedad civil.”.
Confió en que dicha iniciativa generará las condiciones de diálogo con el Gobierno de la Ciudad para implementar, en su caso y en su momento, las políticas públicas necesarias que complementen el trabajo normativo que garantice que este mecanismo de prevención y protección a periodistas y defensores, sea una realidad en los próximos días.
Rogelio Hernández, representante de La Casa de los Periodistas sostuvo que se está cumpliendo el signo de la voluntad política, pero también la pujanza de la sociedad civil y de organizaciones de periodistas que tratan de hacer amarres con las autoridades para empujar desde el punto de vista legal, jurídico y de políticas públicas lo relacionado a la protección.
El anteproyecto de Ley entregado a la Asamblea Legislativa propone la creación de una instancia de gobierno autónoma con personalidad jurídica, con patrimonio propio; la creación de una mesa de discusión de políticas públicas en materia de libertad de expresión, un consejo consultivo, así como un consejo de evaluación de medidas de protección.