·         La Procuraduría ha adoptado acuerdos interinstitucionales para abordar de manera especial y diferenciada a las víctimas de violencia de género

La Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, aseguró que durante su mandato la violencia contra las mujeres se atiende de manera estructural, con el objetivo de incidir de forma directa en la reducción de brechas de desigualdad, mecanismos preventivos de la violencia, incorporación de estándares para la investigación de los delitos y respuestas efectivas para las víctimas

Durante su participación en el evento Acceso a la Justicia, Obstáculos y Avances como parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Para), destacó que para combatir la falta de sensibilización para abordar de manera especial y diferenciada a las víctimas de violencia de género, se implementa una estrategia integral para la investigación y atención de la violencia contra las mujeres que incluye algunas acciones institucionales entre las que destacan:

La instalación y sesiones con el comité de acceso a la justicia de las mujeres a una vida libre de violencia con distintas instancias públicas y con organizaciones de la sociedad civil. En estas mesas de trabajo refirió que “Se han abordado las áreas de oportunidad en el trámite de medidas de protección en materia civil, familiar y penal”.

Asimismo, la titular de la Procuraduría mencionó que se adoptan acuerdos interinstitucionales para facilitar el acceso a las personas que requieran atención estableciendo bases de corresponsabilidad entre instancias públicas y sociedad civil como herramienta para simplificar el proceso y dar respuesta inmediata a las víctimas.

“Con la Secretaría de Seguridad Ciudadana hemos trabajado para la revisión y coordinación de esfuerzos para implementar efectivamente el código de visita domiciliaria y hemos analizado la aplicación el protocolo para la prevención, atención y sanción del acoso sexual en la administración pública de la Ciudad de México”, expresó la licenciada Godoy Ramos.

Referente a la investigación del delito de feminicidio, indicó que se estableció la creación de la fiscalía especializa en investigación de este delito para lograr una mayor eficiencia en la investigación y se ha realizado un trabajo muy cercano con la comisión de transición para que en la Fiscalía tenga un lugar preponderante el tema de atención a las mujeres y se ha firmado una serie de convenios de colaboración con la Secretaría de las Mujeres para incorporar abogadas especialistas en perspectiva de género que acompañen a todos los agentes del Ministerio Público y a las mujeres que se presentan en estas agencias.

Finalmente, la procuradora destacó el compromiso del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí y del Consejo de la Judicatura, Juan Paulo Almazán Cue, quien para la tramitación de medidas de protección señaló que en ese tribunal se abrieron dos salas.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Para) fue adoptada en 1994 como el primer instrumento en evocarse específicamente al tema de violencia contra las mujeres que constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

México ratificó la Convención el 19 de junio de 1998 y desde entonces brinda un nuevo impulso en el diseño e implementación de políticas y programas para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas.

En el evento estuvieron presentes el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí y del Consejo de la Judicatura, Juan Paulo Almazán Cue; la Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, Mónica Soto Fregoso; la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, María Candelaria Ochoa Ávaos y la Directora General Adjunta de Asuntos Jurídicos, Promoción de Derechos Humanos y Atención a Víctimas, Nadia Sierra Campos.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México pone a disposición de la ciudadanía el teléfono (55) 5200 9000 y 800 745 2369 para orientación jurídica gratuita.