En el Distrito Federal la inseguridad y la impunidad se han incrementado y según estadísticas al día se cometen en promedio 502 delitos en la ciudad, de los cuales el homicidio doloso, la violación, el secuestro y el robo con violencia son los más recurrentes.
El diputado del PRI, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Tonatiuh González Case, señaló que a pesar de los esfuerzos de las autoridades, prevalece la percepción de inseguridad entre los ciudadanos; la gente tiene miedo de ser asaltada o secuestrada, no confía en la procuración de justicia, y esa situación ha propiciado que empresarios, políticos, artistas y personas públicas contraten los servicios de empresas de seguridad privada o a prestadores de servicios de seguridad para resguardar su integridad física y la de sus familias.
Expuso que ante el incremento de empresas privadas de seguridad y la falta de control de las autoridades capitalinas sobre el número de personas y organizaciones que se dedican a esa actividad, es necesario implementar reformas a la Ley de Seguridad Pública para el Distrito Federal.
En ese sentido, González Case propuso una iniciativa que contempla adicionar un capitulo sobre la responsabilidad del prestatario, donde se establecerá que el solicitante del servicio de seguridad privada deberá cubrir los daños que provoque cualquier elemento de su seguridad.
En los casos de lesiones u homicidio por parte del prestador del servicio de seguridad privada, el prestatario deberá denunciar los hechos, inmediatamente al Ministerio Público, proporcionando toda la información requerida del presunto responsable, de lo contrario se hará acreedor a las sanciones que el Código Penal del Distrito Federal establece.
La propuesta contempla hacer obligatorio el registro de unidades vehiculares que utilizarán los prestadores del servicio de seguridad privada ante la Secretaría de Seguridad Pública, Transparencia y Vialidad, todas del Distrito Federal, y que las unidades portaran un tarjetón de identificación y se les proporcionaría una placa especial para distinguirlas.
El legislador indicó que el incumpliendo de esas disposiciones será sancionado con una multa de tres mil 500 a cino mil días de salario mínimo a las empresas del ramo que contrataran personal que no cuente con la capacitación y requisitos que exigen la Ley de Seguridad Privada y la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, y que la multa aumentaría en caso de reincidencia.
En el supuesto de que el personal no cuente con estas especificaciones no podrá laborar en otra empresa de seguridad y perdería, en caso de tenerlo, el permiso de portación de arma.
El diputado González Case agregó que en el caso de los trabajadores que se dedican a ser elementos de seguridad, tendrán que someterse a exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos trimestralmente.