La mayor parte de los delitos graves como el homicidio son llevados a cabo por jóvenes de entre 14 y 20 años, cientos de menores de edad han cometido algún ilícito, siendo las principales características de éstos delincuentes la baja tolerancia a la frustración, actitud desafiante y familias violentas.
El Consultor de UNICEF en México, Rubén Vasconcelos, manifestó que en todos los países en donde ha sido diagnosticado el sistema de justicia para adolescentes como imperfecto.
“Se ha mostrado que las instituciones trabajan en forma fragmentada y no en cooperación", dijo.
“No hay estrategias para la atención de niños y jóvenes expuestos a algún factor de riesgo y las respuestas institucionales en vez de procurar incluir a los jóvenes a la sociedad refuerzan su estigmatización y su exclusión”, dijo. Subrayó Vasconcelos durante la presentación del Informe sobre la justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal en México.
En el acto, auspiciado por el ombudsman capitalino, el Investigador del Instituto de Investigación para la Justicia en Argentina y consultor de IJPP, Carlos Gregorio de Gracia, consideró que México "no tiene un drama" de enganchamiento de los adolescentes en problemas de seguridad pública, como lo tiene Uruguay, Venezuela o Brasil, donde "son vistos como los principales causantes de la inseguridad ciudadana".
El experto argentino manifestó que en todos los países en donde ha sido diagnosticado el sistema de justicia para adolescentes como imperfecto, "se ha mostrado que las instituciones trabajan en forma fragmentada y no en cooperación".
En la justicia para adolescentes en conflicto con la ley "han habido avances, pero también existen retos importantes que se deben tomar en cuenta", dijo por su parte la Segunda Visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Rosalinda Salinas Durán.
La Segunda Visitadora enfatizó que para el ombudman capitalino, el tema de justicia para adolescentes es uno de sus ejes prioritarios en investigación, defensa y promoción de los derechos humanos.
Para Salinas Durán el presente Informe presenta como han influenciado las reformas en la aplicación de las normas para la justicia para adolescentes, tanto en el proceso de la prevención del delito como en la ejecución de la medida en internamiento o libertad y la reinserción; “luego -agregó- hay muchas cosas que decir y pocos fondos” para trabajar.
La Directora de Proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal, Ana Aguilar, también advirtió que en las 32 entidades federativas del país, la diversidad en la aplicación de la reforma en adolescentes "es muy grande"; el Informe trae el tema de los adolescentes en conflicto con la ley "a la luz pública y a la atención de la ciudadanía y de las instituciones".
“El tema se relegó porque vinieron diferentes reformas al sistema de justicia, la reforma en derechos humanos; ahora nos exigen jalar de nuevo esa reforma al espacio público para su discusión y debate”, aceptó.
La actualización del Índice Delictivo CIDAC muestra la configuración delictiva al interior de cada estado en los ocho delitos del fuero común, y no sólo homicidio, que efectivamente impactan en la percepción de inseguridad de los mexicanos.
Más que un recuento de delitos o informe preliminar, el Índice Delictivo CIDAC es una herramienta útil para que las autoridades se enfoquen en combatir los delitos que más afectan a la sociedad.
Guerrero es la entidad con afectación más severa en el Índice, lugar 32. La gravedad de la condición de Guerrero es incluso peor que la de Michoacán ya que su incidencia de homicidios y de lesiones es cuatro veces mayor.
Sólo dos secuestros más por cada 100 mil habitantes hacen que 1.2 millones de mexicanos más se sientan inseguros. Se requeriría de cinco homicidios más por cada 100 mil habitantes para lograr el mismo efecto.
La percepción de inseguridad ha provocado un cambio drástico en el actuar cotidiano de personas y empresas.
No todos los delitos logran modificar nuestra conducta, es decir, un robo de celular no es igual de grave que un secuestro y no impacta en la misma medida en nuestra percepción de inseguridad.
Reconocer esta diferencia hace posible tener una herramienta que permite a las procuradurías saber cómo se compone el fenómeno delictivo en su entidad y cuáles son las principales preocupaciones de la ciudadanía.