Además, el tribunal napolitano condenó a la misma pena de prisión al exdirector del diario "L'Avanti" Valter Lavitola, acusado de mediar en ese soborno. La Fiscalía había pedido una pena de prisión de cinco años para el ex primer ministro conservador y de cuatro años y cuatro meses para Lavitola.
La condena, sin embargo, no será aplicada puesto que este delito quedará prescrito en el próximo otoño (boreal), mucho antes de una eventual apelación, dijeron fuentes judiciales.
La caída del gobierno de Prodi, que apenas duró dos años desde su asunción en 2006, generó una crisis política en el país y permitió al líder conservador ser elegido por tercera vez como premier.
El próximo 7 de julio, los abogados defensores tendrán la posibilidad de presentar sus argumentos y se espera que la sentencia se conozca el día posterior. Ni bien se conoció el pedido de la Fiscalía, Berlusconi, de 79 años, emitió un comunicado a través de los principales medios en el que acusó a la Fiscalía de estar "en línea con la tradición de los peores procesos políticos".
El senador que admitió haber recibido el pago del ex premier es Sergio De Gregorio, un legislador que sin mediar explicaciones abandonó su partido, Italia de los Valores, que formaba parte de la coalición gubernamental, se unió a las filas del entonces partido de Berlusconi, Pueblo de la Libertad, y votó en contra de Prodi.
A cambio de su confesión, De Gregorio acordó una reducción de su pena de cárcel a sólo un año y ocho meses. De Gregorio también reconoció ante la Fiscalía que Lavitola operó como mediador del pago. Hoy, el ex director de L'Avanti está recluido en la cárcel del barrio napolitano de Secondigliano por sus múltiples condenas derivadas de otros procesos judiciales.
Con este caso de corrupción, Berlusconi regresa a la escena pública después de cerrar otras cuentas pendientes que tenía con la Justicia italiana. En febrero pasado terminó de cumplir su pena de un año de trabajos comunitarios por un delito de fraude fiscal en otro caso de corrupción y evasión fiscal, conocido como el Caso Mediaset. Asimismo, el Tribunal Supremo confirmó en marzo pasado su absolución por los delitos de abuso de poder e incitación a la prostitución de menores en el llamado Caso Ruby.