de corrupción.
Llegados al Centro Histórico de la capital guatemalteca desde diferentes puntos del país, adultos, estudiantes, empresarios, comerciantes, campesinos, indígenas y maestros, entre otros, pidieron a una sola voz la salida del gobernante.
"¡Presidente, renuncie ya!", gritaba la multitud mientras agitaban banderas y hacían sonar a todo pulmón las vuvuzelas frente al Palacio Nacional de la Cultura, donde funcionan el Ministerio de la Cultura y la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, que permanecía cerrado.
El Congreso tiene en sus manos la decisión de despojar de la inmunidad a Pérez Molina para que sea investigado por su supuesta implicación en una red de corrupción aduanera conocida como "La Línea", un caso por el cual está presa y a la espera de saber si será enjuiciada la exvicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti.
El Ministerio Público (MP-Fiscalía) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) aseguraron el viernes pasado que el mandatario lideraba, junto a Baldetti, la red de corrupción aduanera, que desfalcó millones de dólares al Estado según las investigaciones.
"Nos robaron mil millones anuales en 'La Línea', es el salario anual de toda la fuerzas policial durante 8 años", decía el rótulo del comerciante Esvin García, uno de los manifestantes.
Maco Minera, originario de Quetzaltenango, a 201 kilómetros al oeste de la capital, manifestó a Efe que Pérez Molina y Baldetti "jugaron con el hambre del pueblo".
"Yo no tengo presidente, lo despido por delincuente" decía el cartel del estudiante de Agronomía Ayner Pérez, quien junto a otros 18 compañeros viajó desde el departamento de San Marcos, 252 kilómetros al suroeste de la capital.
Pobladores llegados de la comunidad indígena Ixil, en el departamento noroccidental de Quiché, agradecieron a la Cicig por desmantelar la red de "La Línea".
A la presión a la que es sometido Pérez Molina para que deje el cargo, cuando faltan menos de dos semanas para las elecciones generales, se han sumado la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Contraloría General de Cuentas.
Ambos organismos han pedido la dimisión del presidente, cuyo mandato de cuatro años termina el 14 de enero próximo por orden constitucional, para evitar la "ingobernabilidad".