Expertos y representantes de organizaciones no gubernamentales exhortaron a los senadores a elaborar una ley sobre desaparición forzada de personas que incluya a todas las víctimas, que se escuche a sus familiares y a especialistas, así como establecer el derecho a ser buscado.
Tanto el representante del Alto Comisariado de la ONU en Derechos Humanos, Alan García, como el director de Amnistía Internacional México, Perseo Quiroz, coincidieron que la norma debe tener como mínimo tipos penales, sanciones y prever otras formas de privación de la libertad, además de regular el sistema de búsqueda de personas.
En el marco de las audiencias públicas para la elaboración de este marco legal que organizaron las comisiones unidas de Derechos Humanos, Estudios Legislativos y Justicia del Senado, se escucharon propuestas de expertos, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos.
El consultor jurídico de la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas en Derechos Humanos se pronunció a favor de que en el diseño de la ley contra la desaparición forzada se contemplen casos registrados durante la “Guerra Sucia”.
Alan García Campos indicó que la legislación debe incluir a toda persona desaparecida y establecer el derecho a ser buscada y que se le encuentre.
Ante senadores propuso que la ley que se construya y apruebe por esta Cámara responda a las desapariciones ocurridas durante la llamada “Guerra Sucia” de los años 60 y 70, así como las registradas en el contexto actual de la violencia y la inseguridad.
El director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) Sección México, Perseo Quiroz Rendón, comentó a su vez que el nuevo marco legal debe ser de aplicación inmediata, con disposiciones ex profeso de búsqueda con vida de las personas desaparecidas.
Argumentó que en el diseño de esta legislación deben participar todas las instituciones públicas y privadas de salud, al igual que las compañías telefónicas, que son clave para solucionar casos de ese tipo.
También exhortó a los senadores que escuchen las voces de familiares, organizaciones y colectivos de personas desaparecidas “en todas y cada una de las etapas de este proceso”, sobre todo en la búsqueda, para aprender justamente de su experiencia.
Los senadores tienen hasta el 17 de diciembre para expedir esta ley y sancionar lo que denominaron “una de las conductas que más ha dañado a la sociedad en los últimos años”.