Los recursos para educación en el 2014 deben incrementarse al menos en el mismo porcentaje que crezca el presupuesto de egresos para el próximo año, así como mejor infraestructura en las escuelas del país, propuso a los diputados el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre.
En una reunión que sostuvo en la Cámara de Diputados, Díaz de la Torre, dijo que cerca de 200 mil planteles de educación básica requieren mejorar su infraestructura y equipamiento, mientras que en educación indígena se requiere incorporar a 3.1 millones de personas.
Además se deben fortalecer programas como escuelas de calidad y tiempo completo, o aquéllos que ayuden a reducir la tasa de analfabetismo a niveles debajo del 5.0 por ciento, o los que incrementen la tasa de escolaridad por arriba de 8.9 años.
Ante diputados de diversos grupos parlamentarios, el líder de la SNTE, dejo en claro que: “Si la prioridad es la educación, el Presupuesto de Egresos debe reflejarlo”.
Consideró que debe haber congruencia entre los recursos que se aprueben en el ejercicio fiscal 2014 para consolidar la reforma educativa que entró en vigor este 2013 y poner en marcha las leyes secundarias.
Aseguró que “el país no puede seguir destinando menos de 400 pesos anuales para la formación continua de sus maestros”.
Díaz de la Torre también afirmó que las más de 200 escuelas normales no pueden quedar fuera de la asignación y distribución de los recursos.
Determinó indispensable que en el presupuesto del próximo año se consideren recursos suficientes para dar sustento a un mejor sistema educativo y educación de calidad, y con ello apoyar la superación profesional de más de un millón de docentes y trabajadores de la educación.
Señaló que no se deben lesionar derechos, ni afectar recursos de los trabajadores de la educación en materia de vivienda y de aquéllas que representan ahorros recuperables al momento de su jubilación.
Asimismo, señaló que en el marco del análisis y aprobación de la reforma fiscal y hacendaria, se debe salvaguardar los derechos laborales y evitar que se afecten los salarios y prestaciones de los trabajadores de la educación.