El sentimiento de indignación hacia lo gubernamental crece de forma exponencial en la sociedad. Los ánimos se exacerban cuando se habla de los personajes de la política y que ejercen las funciones públicas. El rencor y el enojo fluyen incontrolables entre la población cuando se publican asuntos que desnudan el enriquecimiento grosero e inexplicable de impresentables personajes que han ocupado carteras públicas.
Esta es la situación en la que se encuentra la relación sociedad y gobierno en nuestro país; completamente distante, ajena y desvinculada.
Y no es para menos. En las últimas décadas, los escándalos de corrupción han crecido de forma exponencial y han dejado al descubierto las deficiencias del Estado para sancionar estos actos.
Ya sea un funcionario público filmado recibiendo maletas llenas de dinero; o un legislador declarándose sorprendido por haber sido filmado negociando dos millones de dólares, a cambio de usar su influencia para lograr permisos y construir desarrollos en centros turísticos; gobernadores que quintuplicaron su patrimonio y presumieron sus colecciones de vinos raros y centenares de zapatos finos; que se volvieron zares inmobiliarios o que hasta construyeron presas para monopolizar el agua en sus estados; o –el colmo del cinismo– de ser filmados en costosos bacanales en los que hasta prostitución promovieron mientras, en la tribuna, se rasgan las vestiduras promoviendo el derecho a la vida, la permanencia de la familia y los valores del humanismo u otros tantos casos más que sobran mencionar; hoy por hoy, la sociedad percibe que todos estos actos han quedado impunes y que jamás serán sancionados.
En esta lógica es que hoy estamos en los albores de la plena vigencia del nuevo Sistema Nacional de Combate a la Corrupción. En el Senado se discuten métodos y formas para poder materializar, en leyes secundarias, esta importante enmienda constitucional. En esta discusión, los grupos organizados de la mal llamada “sociedad civil” han hecho una propuesta en este tenor, conocida coloquialmente como la “Ley 3 de 3”, que obtuvo poco más de 643 mil firmas de apoyo. En ella se hace patente una cosa: el hartazgo por los abusos y excesos que se han cometido en el ejercicio del poder público.
Es importante que las instancias públicas atiendan –y entiendan– esta llamada de atención de la ciudadanía, pues el hartazgo es más que obvio y la presión social es más que perceptible. Se requiere un sistema de prevención y combate a la corrupción que sea eficaz y jurídicamente viable, para que sirva para transparentar el actuar de las instancias públicas; pero ello no quiere decir que creemos instancias similares al Comité de Salud Pública Francés, que servía de mecanismo para saciar una sed irracional de venganza. Necesitamos instancias públicas fortalecidas y con legitimidad, y no un Supremo Poder Anticorrupción que sirva de mecanismo para saciar venganzas y saldar cuentas entre mafiosos.
@AndresAguileraM