En un país en desarrollo como México, con una economía creciente, que se ha visto gravemente afectado por las actuales crisis económica y sanitaria a nivel mundial por covid 19, cuyos principales ingresos provienen del comercio de hidrocarburos, turismo y comercio exterior, donde
exceptuando el último, se encuentran en sus niveles más bajos y a pesar de que la gran parte del territorio nacional se encuentra en semáforo epidemiológico color naranja, la realidad es que no se visualiza un repunte próximo inmediato.
Sin embargo, dentro de las estrategias del actual gobierno federal contempló una política fiscal para evitar una mayor caída económica, misma que está basada en siete ejes principales que son: fiscalización, combate a evasión de impuestos, facilidades para pago de impuestos, mejoras al buzón tributario, creación de un padrón de devoluciones, revisión del padrón total de contribuyentes y corrupción en aduanas. Direccionar sus esfuerzo hacia tres de ellos, destacando la fiscalización y mejora del buzón tributario estuvieron íntimamente ligados; si bien la saturación del sistema digital del Servicio de Administración Tributaria no permitió ver los avances logrados, si permitió el incremento en la captación de impuestos del 2020, donde las entrevistas de vigilancia profunda de forma virtual resultaron ser el segundo medio más eficaz de recaudación. En una nueva normalidad donde los medios tecnológicos serán no sólo el medio de comunicación por excelencia sino la primordial vía de interacción con la autoridad.
Por otra parte, uno de los ejes que se está convirtiendo en el estandarte de política fiscal, es el combate a los evasores fiscales, que, tras las reformas publicadas a finales del 2019, con modificaciones a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional y el Código Nacional de Procedimientos Penales, las críticas no se hicieron esperar al calificarla como una criminalización de los contribuyentes.
No obstante, los resultados fueron contrarios a lo esperado pues tras el endurecimiento de penas para los evasores fiscales, el efecto fue positivo pues el margen de infractores de la normatividad fiscal se redujo considerablemente, pues los contribuyentes con actividades dentro de la legalidad se vieron obligados a cumplir con sus impuestos, y por otra parte se redujeron en gran medida las opciones del crimen organizado para el lavado de dinero, que de enero a octubre del 2020 recaudo el SAT en números redondos 200 mil millones de pesos.
En el contexto de un cambio radical de la vida cotidiana y del gobierno que trabajará en el 2021 para lograr que se recauden más de seis y medio billones de pesos ( seis millones de millones) y cubrir el gasto público de una población necesitada de servicios constantes y de calidad, de oportunidades y cubrir programas sociales que la beneficien, sin embargo en esta crisis sólo comparable a la 1932, bien valdría la pena a los pequeños y medianos negocios que conforman el 98% de las unidades comerciales, la Secretaría de Hacienda, busque impulsar un estímulo fiscal o exención a todos aquellos contribuyentes que cumplen cabalmente y sumar una variable para la reactivación económica.