De acuerdo a la agencia Reuters, el gobierno de Estados Unidos ha revocado las visas a por lo menos a 50
políticos mexicanos y funcionarios en activo, mayoritariamente de Morena relacionados particularmente a la determinación de Donald Trump por mermar a los cárteles de la droga y sus presuntos cómplices políticos.
Evidentemente la opresión se incrementa ahora que Latinus y Código Magenta dan cuenta de cómo los hijos de AMLO -Andy y Gonzalo- participaron del más grave saqueo de la riqueza nacional en lo que se conoce como el Huachicol Fiscal.
La red de corrupción es impresionante, las ganancias exhorbitantes e involucran directamente al círculo verano, íntimo de AMLO, de donde se desprende que Sheinbaum y otros personajes como Nahle, no están exentos, por lo menos, en el conocimiento de las maniobras y sus participantes.
Los propios gobernantes en Estados Unidos reconocen que la voluntad del Trump de usar a las visas como herramienta diplomatica ha surtido efecto en plantear condiciones al gobierno
mexicano sobre todo en materias como seguridad, migración y comercio.
Trump está encontrando nuevas maneras de ejercer más presión política sobre la administración de Sheinbaum, aseguró Earl Anthony Wayne, embajador de Estados Unidos en México entre 2011 y 2015. Los golpes han sido certeros aún cuando se trata de políticos no militantes en Morena, como los veracruzanos Yunes que ven incluso en riesgo sus inversiones y propiedades en el vecino país norteño.
La idea estadounidense, salvo contadas excepciones como por ejemplo Manuel Antonio Noriega, es no afectar a políticos en funciones y más con una alta posición en el poder. Pero más cosas han cambiado y las agencias de investigación extranjeras poseen información y expedientes abiertos sobre gobernadores, legisladores y miembros de gobierno actuales y en funciones.
Reuters no ha podido confirmar los nombres de los políticos y funcionarios mexicanos cuyas visas fueron revocadas, pero sí es del conocimiento público que cuatro elementos han sido afectados con esta medida, entre estos, la gobernadora del estado Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien ha negado vínculos con el crimen organizado y sus cárteles.
Hay otros personajes como Manuel Bartlett que está en la mira de la DEA desde hace décadas por el crimen de Camarena. Y aunque Bartlett presume -pero no se atreve-, que puede viajar a Estados Unidos, no puede asegurar que regrese ante el temor de ser detenido.
Sin duda alguna Estados Unidos no dejará pasar la información expuesta por Latinus y Código Magenta por tratarse aparentemente de vínculos muy ligados a grupos criminales.