El anuncio supone el primer paso concreto de la Administración para responder a las tensiones generadas a raíz de los disturbios en Ferguson (Misuri) por la muerte del joven afroamericano Michael Brown a manos del policía blanco Darren Wilson, e impulsar mejores relaciones entre los agentes y las comunidades.
Además, Obama está preparando una orden ejecutiva para aumentar la supervisión de los programas y fondos federales que proporcionan equipos militares a agencias de policía locales y estatales, aunque no bloqueará la transferencia de ese tipo de equipamiento, muy cuestionado por activistas.
El mandatario quiere pedir a su equipo que le entregue dentro de 120 días recomendaciones para aumentar la "rendición de cuentas" en el uso de esos equipos militares, en particular para explicar "para qué van a usarse" y certificar que los policías están bien formados para ello, declaró a los periodistas una fuente de la Casa Blanca.
El paquete de 263 millones de dólares en tres años incluye 75 millones para aumentar el uso de cámaras que se pueden portar en el uniforme, ampliar la formación de los agentes locales, añadir recursos para reformar departamentos de policía y fomentar la relación del Departamento de Justicia con las agencias del país.
Las propuestas serían remitidas ayer al Congreso, y se esperaba que la Casa Blanca pidiera que los legisladores incluir al menos parte de los fondos en un presupuesto para el año fiscal 2015 que los congresistas tienen previsto aprobar antes del 11 de diciembre.
Las medidas se extraen de una revisión que la Casa Blanca ha hecho de la ayuda federal otorgada a las agencias estatales y locales, y que encuentra una "falta de consistencia" en cómo se administran esos programas.
Obama explicó ayer esas propuestas en tres reuniones relacionadas con las tensiones en Misuri, la primera de ellas con miembros de su gabinete.
A continuación, Obama y el vicepresidente, Joseph Biden, tenían previsto verse con líderes de derechos civiles y jóvenes activistas; para después encontrarse con funcionarios locales, jefes de policía y líderes religiosos con los que conversarían sobre cómo mejorar las relaciones entre ciudadanos y agentes de seguridad.