Las empresas denunciadas son las británicas Rockhopper Exploration plc, Premier Oil plc y Falkland Oil And Gas Limited; la estadounidense Noble Energy Inc; y la italiana Edison International SpA, detalló la Cancillería argentina en un comunicado.
Las citadas compañías integran un consorcio responsable de la contratación de una plataforma semisumergible que hace un mes comenzó a explorar en la cuenca Malvinas Norte, a unos 200 kilómetros de las islas, con el objetivo de perforar seis pozos, informó la cartera de Exteriores.
En la presentación judicial, encabezada por la presidenta argentina, Cristina Fernández, se acusa a las compañías petrolíferas de "llevar adelante actividades de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin haber obtenido la correspondiente autorización de la Secretaría de Energía".
El secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus, acusó al consorcio de violar las leyes argentinas y también resoluciones de Naciones Unidas que instan a ambos países "a no introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras se encuentre pendiente la solución de la controversia" sobre la soberanía del archipiélago.
Para el Gobierno argentino, la denuncia se enmarca en su plan para "proteger los recursos naturales bajo su soberanía y jurisdicción y rechazar las actividades hidrocarburíferas ilegales en su plataforma continental".
En 2013, la Secretaría de Energía de Argentina inhabilitó por plazos de quince y veinte años a seis empresas británicas para realizar actividades en el país, por operar sin la autorización correspondiente en áreas próximas a las Malvinas.
Tras la presentación judicial, Filmus se sumó a las críticas de otros funcionarios argentinos por el anunciado aumento del gasto militar en el archipiélago.
"No tiene sentido una presencia de 1.200 soldados británicos en las islas", dijo el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas.
Filmus reiteró que "no hay ninguna amenaza argentina" e instó al Gobierno de David Cameron a sentarse a dialogar para resolver el conflicto territorial.
El Gobierno argentino citó hoy al embajador británico, John Freeman, para exigirle explicaciones por supuestas acciones de espionaje contra el país relacionadas con la disputa sobre las islas, mientras que su homóloga argentina, Alicia Castro, fue convocada por el Foreign Office (Cancillería).
Argentina reclama la soberanía de las Malvinas, ubicadas en el Atlántico sur, que están en manos del Reino Unido desde 1833.
La guerra por las Malvinas enfrentó a ambos países en 1982 y dejó 900 muertos, en su mayoría combatientes de las tropas argentinas que desembarcaron en las islas.
El Gobierno británico rechaza negociar al alegar que la decisión corresponde a los malvinenses, que se pronunciaron en 2013 a favor de seguir siendo británicos en un referéndum no reconocido internacionalmente.