El fallo de la Corte de Distrito de Otsu, que refiere “aspectos problemáticos” en la operación de los reactores, fue adoptado este miércoles con base en quejas presentadas por los residentes locales relacionadas con la seguridad de la planta.
La paralización de los reactores fue ordenada en vísperas del quinto aniversario del fuerte terremoto y subsecuente tsunami que golpearon la costa este del archipiélago japonés, provocando un desastre nuclear en la planta de Fukushima Daiichi.
Esa crisis propició el cierre de todas las centrales nucleares del país y se introdujeron nuevos requerimientos de seguridad, que las compañías operadoras deben cumplir y demostrar para obtener autorización de echar a andar nuevamente sus reactores.
A pesar del malestar de los ciudadanos, la Autoridad de Seguridad Nuclear de Japón ha permitido reiniciar algunos reactores, entre ellos los dos de Takahama que fueron reactivados en enero pasado y ahora son los primeros en ser detenidos de nueva cuenta.
El dictamen del tribunal de Otsu citó “asuntos problemáticos” en las respuestas previstas para en caso de accidentes graves y contramedidas ante terremotos y tsunamis, así como en planes de evacuación, de acuerdo con despachos de la agencia japonesa de noticias Kyodo.
La orden vino cuando Japón estaba en camino de retomar nuevamente su dependencia de la energía nuclear, después de que dos reactores de la planta de Sendai, operada por la compañía Kyushu Electric Power en la prefectura de Kagoshima, reanudaron operaciones a finales de 2015.
El fallo judicial obliga a Kansai Electric a apagar las unidades 3 y 4, ya que “si se produce un accidente nuclear, la destrucción al medio ambiente podría ir más allá de las fronteras nacionales”, indicó el presidente de la corte, Yoshihiko Yamamoto.
Kansai Electric anunció que iniciaría con rapidez los procedimientos para presentar una objeción a fin de revocar la medida cautelar.
El secretario del gabinete, Yoshihide Suga, declaró este miércoles en rueda de prensa que el gobierno continuaría buscando la reanudación de los reactores del país que cumplan con las normas de seguridad “más duras del mundo”, adoptadas por Japón.