"La ley puede prever la 'legalización' de numerosos asentamientos considerados anteriormente ilegales, incluso según la legislación israelí, lo que sería contrario a los compromisos anteriores de los gobiernos israelíes e ilegal según el derecho internacional", expresó la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.
La alta representante de la UE para la política exterior subrayó la condena de la UE a esta ley, con la que "el parlamento israelí ha legislado sobre el estatuto jurídico en territorio ocupado, cuestión que sigue estando fuera de su jurisdicción", según un comunicado.
"Si se implementara, la ley reforzaría la realidad de un solo estado de derechos desiguales, ocupación perpetua y conflicto", manifestó la política italiana.
Por ello, "la UE insta a los dirigentes israelíes a que se abstengan de aplicar la ley y eviten medidas que aumenten las tensiones y pongan en peligro las perspectivas de una solución pacífica al conflicto, a fin de reafirmar inequívocamente, mediante acciones y políticas, su compromiso continuo para una solución de dos Estados".
Esto conllevaría a "reconstruir la confianza mutua y crear condiciones para negociaciones directas y significativas", añadió.
La medida permitirá la legalización retroactiva de unas 4 mil casas construidas en más de 50 asentamientos en tierras privadas palestinas en el territorio ocupado de Cisjordania mediante la nacionalización de los terrenos a cambio de una compensación económica.
La polémica ley ha sido criticada por numerosos países, entre ellos varios miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, que el pasado diciembre reiteró en una importante resolución que todas las colonias en territorios ocupados son ilegales.
"La UE, en consonancia con la aprobada resolución (...), considera que los asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado son ilegales en virtud del derecho internacional y condena los recientes anuncios de asentamientos", que "constituyen un obstáculo a la paz", añade el comunicado de Mogherini.
Por su parte, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, consideró que la construcción de nuevos asentamientos es una "agresión" contra su pueblo y dijo que va a "trabajar con tribunales internacionales" para preservar la existencia y las tierras del pueblo palestino.