El Congreso leyó este martes el informe del diputado Bonifacio de Andrada, relator del caso en la cámara baja, paso previo para que el miércoles los 513 parlamentarios decidan si dan el visto bueno del Legislativo para que el jefe del Estado sea imputado, lo que le apartaría del poder por 180 días.
Temer, que ya se salvó de una denuncia por corrupción en septiembre pasado gracias a una ardua articulación política, evitó este día los actos públicos y se concentró en atender a los diputados que dudan si votar contra o a favor de su imputación, aunque los analistas políticos dan por hecho que el mandatario logrará los apoyos.
El diario O'Globo aseguró este martes que las “negociaciones” del gobierno con los diputados para obtener su apoyo en la crucial votación ascienden a “por lo menos 12 mil millones de reales (unos tres mil 700 millones de dólares", en referencia a enmiendas, privatizaciones y condonación de multas a infractores ambientales.
Una de las peticiones de uno de los grupos legislativos más influyentes –la llamada “bancada ruralista”, que representa a los grandes propietarios rurales y multinacionales agrícolas- sería la flexibilización de la normativa sobre la fiscalización contra el trabajo esclavizante, común en haciendas y plantaciones de monocultivos en áreas pobres del interior del país, sobre todo en el Amazonas.
La medida fue adoptada la semana pasada por el Ministerio de Trabajo, pero fue suspendida este martes por la Justicia, ante el alud de críticas nacionales e internacionales por el retroceso social que supone.
Denunciado en septiembre pasado por corrupción por parte de la Fiscalía General, Temer está acusado de asociación ilícita y obstrucción criminal en la segunda demanda penal que enfrenta desde que llegó al poder en mayo de 2016.
Junto a Temer fueron denunciados los ministros en activo Eliseu Padilha y Moreira Franco, el expresidente de la cámara baja, Eduardo Cunha, ya encarcelado y con varias causas pendientes, y los exministros Henrique Alves y Geddel Vieira Lima, también en prisión.
Si dos tercios del Congreso brasileño votan a favor de su imputación, el presidente sería apartado del poder por 180 días, mientras que si la denuncia no obtiene suficientes apoyos será rechazada en la sede Legislativa, donde Temer tiene sólidos apoyos políticos.