El pedido de habeas corpus de la defensa de Lula da Silva fue rechazado por el magistrado Humberto Martins, vicepresidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), que se encuentra sólo un escalón abajo del Supremo Tribunal Federal.
El magistrado argumentó que la máxima instancia judicial del país ya se pronunció a favor del ingreso a prisión cuando se agoten todos los recursos en segunda instancia.
“El entendimiento actual del Supremo Tribunal Federal (máxima instancia judicial del país), validado por esta corte, es en el sentido de ser posible la ejecución de la pena después de agotar las vías ordinarias” de recurso en segunda instancia, dijo el juez en su escrito.
La decisión, pronunciada apenas unas horas después de la presentación del habeas corpus por parte de los abogados de Lula, supone un nuevo revés jurídico para el exmandatario, afectado por escándalos de corrupción, pero quien aspira a postularse para un nuevo mandato presidencial.
Los abogados del expresidente habían pedido a la Justicia que impidiera su ingreso en prisión tras el fallo judicial en segunda instancia, pronunciado la semana pasada por un tribunal en la ciudad de Porto Alegre, al sur de Brasil.
Los abogados del exmandatario adujeron, además, que su encarcelación podría provocar una “conmoción popular”, ya que Lula da Silva lidera las encuestas de intención de voto para los comicios de octubre próximo, con cerca del 36 por ciento del apoyo.
“La eventual restricción de la libertad tendrá desdoblamientos extraprocesuales, lo que provocará intensa conmoción popular –contraria y favorable- e influye el proceso democrático, ante su anunciada precandidatura a la Presidencia de la República”, señalaron en el texto los juristas.
Tras el fallo de esta noche del STJ, los abogados de Lula informaron por medio de una nota que “usarán los medios jurídicos” necesarios para hacer “prevalecer las garantías fundamentales” del exmandatario.
El expresidente fue condenado la semana pasada y su pena fue aumentada por la segunda instancia de nueve años y medio a 12 años y un mes de cárcel por delitos de corrupción y lavado de dinero.
Su ingreso en prisión podría producirse en un plazo de entre cuatro o cinco semanas, según analistas jurídicos, y comienzan los rumores en Brasil de que Lula da Silva podría iniciar dentro de la cárcel una huelga de hambre.
A pesar de que su condena podría inhabilitarle políticamente, el Partido de los Trabajadores (PT) lanzó la semana pasada su candidatura a las elecciones presidenciales de octubre próximo y desafió a la corte brasileña que le condenó, al asegurar que Lula da Silva sería candidato.