Brasil espera otra jornada de "alta tensión" ante recurso de Lula

Las autoridades de Brasilia, capital brasileña, anunciaron restricción al tráfico y el control de personas para acceder a la Explanada de los Ministerios, donde se encuentra la sede del máximo tribunal del país y donde se prevén manifestaciones a favor y en contra del exgobernante brasileño (2003-2011).
El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), muy desgastado por decisiones controvertidas que beneficiaron a condenados por corrupción, deberá decidir si acepta o rechaza el pedido de "habeas corpus" del expresidente para evitar su encarcelamiento.
La jurisprudencia del propio STF en 2016 ya decidió que los condenados sean encarcelados y comiencen a cumplir su pena tras agotar los recursos en segunda instancia, y no en cortes superiores, pero el juicio del exmandatario podría cambiar -no sin polémica- esta visión.
Varios de los 11 magistrados del STF han señalado que cambiarían su voto respecto a 2016, abriendo de facto la puerta a un cambio de jurisprudencia que podría no sólo evitar el encarcelamiento del expresidente -pues los recursos demoran años o incluso lustros en ser resueltos en Brasil-, sino también suponer un vuelco en la lucha contra la impunidad de políticos condenados.
Más de tres mil jueces y fiscales presentaron una petición firmada ante el STF para que no cambie de parecer, además de que la fiscal general del país, Raquel Dodge, señaló este martes que permitir la libertad de condenados en segunda instancia "aniquila el sistema de justicia".
La decisión, que será retransmitida por televisión y de un peso político comparable a las jornadas del impeachment contra la entonces mandataria Dilma Rousseff en 2016, será clave también para vislumbrar el futuro político de Lula da Silva, que pretende ser candidato en octubre próximo a un tercer mandato.
Si el STF acepta el "habeas corpus", le permitiría seguir libre hasta que su condena por corrupción sea confirmada por tribunales superiores, probablemente en años.
Así Lula podría continuar haciendo campaña electoral por el Partido de los Trabajadores (PT), aunque ello no garantice su participación política.
La Ley de Ficha Limpia, aprobada por el propio Lula en 2010 antes de terminar su segundo mandato, establece que los condenados por tribunales colegiados por crímenes como lavado de dinero quedan inhabilitados por ocho años, aunque será la justicia electoral la que decida en los próximos meses si el expresidente puede ser candidato.
Con todo, una decisión favorable sería una gran victoria para Lula, que lidera todas las encuestas para los comicios y no dejó de cosechar derrotas judiciales desde que fue condenado en julio pasado a nueve años de prisión por corrupción, una pena aumentada a 12 años y un mes en segunda instancia.
El exgobernante fue condenado por beneficiarse de la reforma millonaria de un departamento de tres plantas en la localidad costera de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, a cambio de favores políticos a la constructora OAS. Tiene más de media docena de causas aún abiertas sin juzgar.
Lula niega la propiedad del apartamento, y de hecho la Fiscalía no logró documentos que prueben que era el titular de las escrituras, pero declaraciones de ejecutivos de OAS, así como los planos de la reforma del departamento aprobados por la esposa fallecida del exgobernante señalan que su familia era la beneficiaria del inmueble.
Las encuestas de opinión reflejan una polarización en Brasil del electorado y de las posturas respecto a su figura: Lula da Silva lidera con el 37 por ciento de los sondeos, aunque la mitad de los encuestados brasileños cree que, como falló la justicia, cometió actos de corrupción.
La semana pasada, durante una gira política en el sur del país, su caravana de tres autobuses fue atacada con al menos cuatro disparos, en un recrudecimiento de la tensión política en un país que enfrenta su período electoral más controvertido desde el retorno a la democracia.