paraestatales, en represalia por la celebración de la elección presidencial del domingo.
La Casa Blanca tiene como propósito aumentar la presión financiera sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro e impedir que tenga acceso a recursos mediante la colocación de bonos del gobierno o paraestatales, como la petrolera PDVSA.
Trump explicó que la nueva orden ejecutiva fue consecuencia de la decisión del gobierno venezolano de celebrar elecciones presidenciales, que a juicio de Estados Unidos no fueron justas ni libres, lo cual socavó el orden democrático.
Igualmente acusó al régimen de incurrir en un "endémico mal manejo económico (del país), corrupción pública a expensas de los venezolanos y su prosperidad, y una continua represión de la oposición política".
La orden prohíbe la compra de "cualquier deuda con el gobierno de Venezuela que se haya dejado como garantía después de la fecha de vigencia de esta orden, incluidas las cuentas por cobrar".
También quedará prohibida "la venta, transferencia, cesión o pignoración como garantía por parte del gobierno de Venezuela de cualquier participación accionaria en cualquier entidad en la que el gobierno de Venezuela tenga una participación accionaria del 50 por ciento o superior".
Poco antes, el vicepresidente Mike Pence renovó su llamado al gobierno venezolano para que permita el acceso de ayuda humanitaria, y reiteró que la elección fue una farsa que "no fue libre ni justa".
"El resultado ilegítimo de este proceso falso es un golpe más a la orgullosa tradición democrática de Venezuela. Todos los días miles de venezolanos huyen de la opresión brutal y la pobreza extrema, y votan literalmente con los pies", dijo Pence en una declaración escrita.
Indicó que su gobierno no se quedará cruzado de brazos "mientras Venezuela se desmorona y la miseria de su valiente pueblo continúa. Estados Unidos se opone a la dictadura y está de lado del pueblo de Venezuela".