Piden indígenas detener exploración petrolera

El lote 116 "se superpone a 73 comunidades tituladas", dijeron los dirigentes de los awajun y los wampis, comunidades apoyadas por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), en una rueda de prensa realizada en Lima.
"El Estado debía, por lo menos, haber coordinado con nosotros; en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sólo consideraron a tres comunidades", afirmó Wrays Pérez, en representación de las dos comunidades.
El dirigente enfatizó que "el derecho de consulta es constitucional" y aseguró que los trabajos de exploración "están contaminando las aguas, los bosques y ahuyentando la cacería.
"No estamos diciendo que no queremos que haya desarrollo, sino que se cumplan las leyes", remarcó.
Ananías Shawit, de la Federación Indígena de Shawit, remarcó que la llegada de las empresas petroleras a su territorio, cercano a la frontera selvática con Ecuador, ha generado una división en sus comunidades.
"Antes de la llegada de las empresas nosotros estábamos unidos, solidarios. Compartíamos una sola lucha, pero la empresa ha creado divisionismo (...) este territorio es herencia de nuestros antepasados, antes de la fundación del Perú", señaló.
Shawit aseguró que las comunidades quieren que el Estado dialogue con ellos, pero no confían en sus propuestas porque desean que los dejen "vivir tranquilos".
"Queremos un desarrollo con lo que tenemos, con la agricultura, un desarrollo sostenible, no contaminando. Tenemos el derecho a ser respetados como cualquier otro peruano", acotó.
Tras la rueda de prensa, el abogado Richard O'Diana, del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), declaró a Efe que la acción de amparo se presentó porque se agotaron todas las vías administrativas.
"Pedimos al Ministerio de Energía y Minas el derecho de consulta, se nos negó, fuimos al Viceministerio de Interculturalidad, se nos negó, y al haber agotado la vía previa, decidimos ir ya a la acción de amparo", explicó.
O'Diana remarcó que debían actuar con rapidez frente al caso "porque es una actividad que en este momento ya está culminando su etapa de exploración y haría estéril cualquier tipo de hecho posterior", al entrar en su etapa de explotación.
"Por eso podríamos considerar la opción de presentar una medida cautelar, por la cual uno pide la detención del proyecto antes de que siga adelante el curso normal del proceso, que es de dos años aproximadamente", adelantó.