Un grupo de fiscales convocó a una movilización masiva en Buenos Aires para el próximo 18 de febrero, fecha en que se cumple un mes de la muerte de Alberto Nisman, el fiscal que investigaba el atentado perpetrado en 1994 en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
Nisman fue encontrado en su casa, tirado en un charco de sangre, con un disparo en la cabeza y una pistola al lado, sólo cuatro días después de haber denunciado que la mandataria había negociado con Irán la impunidad de los terroristas involucrados en el ataque.
“Que el silencio signifique la paz que necesitamos y que necesitan los investigadores para encontrar la verdad y el silencio que nos embarga a todos nosotros", explicó Guillermo Marijuan, uno de los fiscales convocantes.
La marcha comenzó a ser promovida de inmediato por la influyente prensa opositora y por precandidatos presidenciales como Sergio Massa, Mauricio Macri y Elisa Carrió, quienes ya anticiparon que acompañarán la movilización.
El debate fue inmediato, ya que funcionarios, simpatizantes oficialistas o críticos moderados del gobierno cuestionaron en las redes sociales a los fiscales que salen a exigir justicia, cuando ésa es precisamente su función, pero no siempre la cumplen.
La politización de la marcha es evidente porque entre los convocantes se encuentra un importante dirigente sindical opositor, Julio Piumato, líder de los trabajadores judiciales que a la fuerza tendrán que acudir a la movilización, la apoyen o no, salvo riesgo de recibir represalias.
Para contrarrestar la campaña de la prensa opositora, la prensa oficialista publicó los antecedentes de los fiscales convocantes, como José María Campagnoli, denunciado por vecinos por allanamientos violentos, y fue acusado de abuso de autoridad, intimidaciones y espionaje.
El fiscal Carlos Stornelli está acusado de haber protegido al ex presidente Carlos Menem en el juicio por la explosión de una fábrica de armamentos, mientras que Ricardo Sáenz defendió las leyes que permitieron la impunidad de crímenes de lesa humanidad.
Uno de los casos más graves es el de Raúl Pleé, uno de los fiscales convocantes a la marcha que está acusado de haber entorpecido la investigación del ataque a la AMIA que después recayó en el fallecido Nisman.
Esta mañana, el secretario general de la Presidencial, Aníbal Fernández, alimentó el debate público sobre la marcha y criticó a los políticos opositores por querer utilizar el caso Nisman “en beneficio propio", aunque reconoció que "tienen todo el derecho de manifestarse”.
Aunque la oposición mediática y política quiere presentar la marcha como una muestra del “miedo” de “la gente”, la adhesión es principalmente de todos los grupos que defenestran todas las políticas del gobierno de Fernández de Kirchner.
La organización Justicia Legítima, formada por funcionarios y empleados judiciales, advirtió que la movilización no es apoyada por todos los fiscales, como se quiere hacer creer, sino sólo por los que están inconformes con el gobierno.