El gobierno de izquierda radical se resignó a colaborar con sus acreedores de la Unión Europea (UE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero intentará aprovechar el escaso margen de maniobra que le concedieron sus socios de la eurozona.
"Los textos europeos siempre tienen una imprecisión creativa", aseguró Giorgos Katrougalos, ministro griego de la Reforma de la Administración en una radio local.
El ejecutivo de Alexis Tsipras consiguió la posibilidad de presentar su propia lista de reformas a la eurozona antes del lunes por la noche. Ahora espera cierta tolerancia que le permita librarse de varias obligaciones impuestas por sus acreedores, siempre y cuando se preserve el equilibrio de las finanzas públicas.
"Hay temas de soberanía que dependen de la política interior y que son innegociables", avisó este domingo el ministro de Estado Nikos Pappas, mano derecha de Tsipras.
Tras las duras negociaciones entre Grecia y la Eurozona, el viernes en Bruselas, Atenas intentaba dar una interpretación positiva del difícil compromiso que alcanzó para lograr cuatro meses adicionales de financiación, hasta junio.
"Estamos al principio de una nueva fase", afirmó Pappas, que considera que los cuatro próximos meses permitirán que el nuevo gobierno demuestre la credibilidad de sus reformas.
Las cuestiones relativas a los derechos y condiciones laborales son temas "de política interior", insistió Pappas.
En este ámbito, el gobierno se comprometió a restablecer las convenciones colectivas, sustituidas por la regla de los contratos individuales en los últimos años, un sistema que protege menos a los empleados.
Ahora bien, según los términos del actual plan de rescate, Grecia debe acelerar la desregulación del mercado laboral y reformar el derecho sindical.
La subida del salario mínimo, de 580 a 751 euros, que forma parte de las promesas de campaña, se llevará a cabo de "forma progresiva", explicó Pappas.