habituales en los últimos años como las marchas en las plazas públicas o acciones reivindicativas ante sedes de las instituciones del Estado. La nueva legislación se aprobó en la Cámara Alta con la mayoría absoluta del Partido Popular (PP) y con el rechazo de la oposición en pleno. Ahora el texto deberá ser aprobado en el Congreso, donde se prevé que se produzca un debate, antes de su aprobación definitiva por parte del gobierno.
La futura ley que regulará las actividades públicas de la ciudadanía en España superó un nuevo trámite, con lo que está más cerca su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE); así como su aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados. El Senado español introdujo algunas enmiendas, como la autorización para crear un registro de pasajeros de aviones, en respuesta a una propuesta de la Unión Europea (UE) para, supuestamente, combatir al extremismo islámico.
Al margen de esa enmienda, la ley quedó idéntica a como la propuso en su día el Ejecutivo del presidente conservador español, Mariano Rajoy; e incluye cuestiones que causaron la indignación y la preocupación tanto de la ciudadanía como de numerosas entidades como la Organización de Naciones Unidas (ONU), Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional; además de las propias instituciones europeas.
Entre las medidas que más preocupan están los apartados que definen como “faltas muy graves” el manifestarse o alterar el “orden público” en las sedes de las instituciones del Estado (Parlamento, ayuntamientos, sede presidencial, entre otros), o realizar actos de protesta en infraestructuras, como lo hacen habitualmente los activistas de la organización ecologista mundial Greenpeace. Por efectuar este tipo de protestas, se prevén multas por faltas civiles que podrían llegar a los 600 mil euros (11 millones de pesos). Estas faltas, además, ni siquiera tendrían derecho a ser apeladas en un juicio.