El grupo insurgente hizo este planteamiento en un comunicado difundido en su sitio web con ocasión del aniversario del fallecimiento del fundador de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, alias “Tirofijo”, el 26 marzo del 2008.

“Reiteramos nuestra decisión de luchar hasta alcanzar el poder para el pueblo colombiano; independientemente de la vía por la cual nos toque adelantar esa lucha”, subrayó el comunicado suscrito por el secretariado mayor central de las FARC.

Dijeron que “si logramos acuerdos que abran la posibilidad real de entrar a disputar el poder político a la oligarquía por medios no violentos, con plenas garantías para el ejercicio de la oposición revolucionaria al régimen, estamos dispuestos a dar ese paso”.

Indicaron que lo harían en escenarios políticos con la “misma firmeza y decisión con que hemos enfrentado la guerra que nos fue impuesta; comenzando por un cese al fuego bilateral y definitivo que genere un mejor ambiente para el desarrollo de los acuerdos”.

Las FARC aclararon que los acuerdos “no se pueden entender como la negociación de gabelas y prebendas para los insurgentes, se trata de abrir espacios para la participación política democrática al conjunto de la sociedad”.

Para garantizar su participación política, añadió el grupo rebelde, es necesario un “nuevo sistema que erradique los vicios y limitaciones del vigente y que implica abordar temas fundamentales que atañen a todos los colombianos”.

Agregó que se debe garantizar “la plena vigencia de los derechos humanos, la penalización de la protesta social, acceso a los medios de comunicación, esclarecimiento de los responsables de la creación, financiación y protección de los grupos paramilitares”.

Las FARC pidieron además la excarcelación “de los prisioneros de guerra y políticos, incluida la repatriación de los combatientes extraditados y reconocimiento pleno de los derechos de las víctimas del conflicto, entre otros temas”.

Advirtieron, asimismo, que los acuerdos de paz “deben ser refrendados por una Asamblea Nacional Constituyente, de carácter popular que les imprima el sello de su aprobación como voluntad última del pueblo soberano”.

El gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos y las FARC negocian desde noviembre pasado en La Habana, Cuba, una salida política a casi cinco décadas de confrontación armada en este país sudamericano.

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