El documento fue copatrocinado por Bélgica, Benin, Costa Rica, Francia, México, Mongolia, República de Moldova y Suiza.
El texto fue aprobado con 29 votos a favor, 10 en contra y ocho países que se abstuvieron, entre los que se encontraba Estados Unidos.
La resolución insta a los Estados que todavía no han abolido la pena de muerte “a que protejan los derechos de los condenados” a la pena capital y llama a que velen porque no se les imponga este castigo a menores de 18 años.
El texto “deplora profundamente que la pena de muerte conduce a violaciones de los derechos humanos de los condenados y de otras personas afectadas”.
Asimismo, exhorta a llevar a cabo mesas redondas bienales de alto nivel para intercambiar puntos de vista sobre esta cuestión. La primera de ellas tendrá lugar en la 28 sesión del Consejo en marzo de 2015.
Al presentar la resolución el representante permanente alterno de México, Raúl Heredia, dijo que “la pena de muerte es un castigo cruel e inhumano, no susceptible de revertir sus consecuencias ante el error y acarrea además otras violaciones a los derechos del condenado y su familia”.
“Su continua aplicación en todas las regiones del mundo demuestra que es por demás importante fomentar los debates en torno a la cuestión de la pena de muerte desde una perspectiva de derechos humanos”, sostuvo.
“La resolución que hoy se presenta no pretende imponer nuestra visión sobre las violaciones a los derechos humanos que, en nuestra opinión, son intrínsecas” a la condena máxima, subrayó Heredia.
“Por el contrario, propone un debate abierto y el intercambio de puntos de vista entre todos los Estados sobre este tema”, indicó.
El embajador de Estados Unidos, Keith Harper, al explicar el motivo de la abstención de su país, expresó su desacuerdo con la parte del texto la cual afirma que “la pena de muerte conduce inevitablemente a la violación de los derechos humanos”.
Expresó que la negación de la protección jurídica que se ha producido en algunos países no es a consecuencia de la pena de muerte.
“Todos los gobiernos que utilizan la pena de muerte deben hacerlo en cumplimiento de las normas internacionales”, defendió.