La denuncia se conoce en la antesala de las elecciones del 2018 en Colombia y se suma al escándalo político que involucra a la campaña del ex candidato opositor derechista Óscar Iván Zuluaga, quien perdió la pasada votación frente a Santos y que ha sido acusada de recibir apoyo financiero de Odebrecht .
La Fiscalía General dijo que de acuerdo con las investigaciones preliminares, el ex congresista Otto Bula recibió 4,6 millones de dólares para adjudicar la construcción de una carretera a la firma brasileña y que el político, actualmente detenido, realizó dos giros por un total de un millón de dólares, que al parecer ingresaron a la campaña de Santos.
"El señor Otto Bula tramitó durante el año 2014 dos giros hacia Colombia, que fueron monetizados en su momento, por la suma total de 1 millón de dólares, cuyo beneficiario final habría sido la gerencia de la campaña Santos Presidente-2014", dijo un comunicado que leyó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien precisó que la investigación avanza.
Roberto Prieto, ex gerente de la campaña de Santos, quien fue reelegido en el 2014 para un segundo mandato, negó conocer a Bula y aseguró que no recibieron aportes ni donaciones de particulares porque los gastos se pagaron con los recursos aportados por el Estado para financiar a los partidos políticos.
Mientras, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Camilo Enciso, negó el ingreso de dinero ilegal a la campaña de Santos y acusó a la oposición política liderada por el ex presidente Álvaro Uribe de gestar la acusación para desviar la atención de la investigación que enfrenta su ex candidato Zuluaga.
La Fiscalía de Colombia capturó en enero a un ex viceministro y al ex senador Bula acusados de haber recibido más de 11 millones de dólares en sobornos de Odebrecht para que esa firma fuera favorecida en la adjudicación de un contrato que logró para la construcción de una importante carretera.
La constructora se declaró culpable en diciembre en una corte de Estados Unidos por violar normas contra sobornos, como resultado de una investigación en Brasil sobre una extensa red de corrupción entre 2001 y 2016 que pagó unos 439 millones de dólares a partidos políticos, funcionarios extranjeros y sus representantes en varios países de América Latina.