Durante una cumbre financiera de dos días a la que asistieron unos 800 inversionistas, el gobernador Ricardo Rosselló dijo que los acuerdos entre el sector público y privado podrían crear hasta 100.000 empleos nuevos y generar unos 5.000 millones de dólares para el territorio estadounidense atorado en una crisis económica desde hace una década, que también enfrenta una deuda pública de 70.000 millones que está tratando de reestructurar.
No estamos dejando cosas al azar, dijo Rosselló, notando que Puerto Rico no tiene acceso a mercados de capital. Estamos construyendo un gobierno que reconoce que no podemos hacer todo, aseveró.
La mayoría de acuerdos entre el sector público y privado en el territorio continental estadounidense involucran proyectos, pero los funcionarios dicen que el alcance sería más amplio en Puerto Rico y que los proyectos no necesitarían aprobación legislativa. El gobierno espera privatizar servicios como la operación y mantenimiento de varias autopistas y el servicio de ferry de Puerto rico a las populares islas de Culebra y Vieques. Otros proyectos se enfocarían en administración de desechos, vivienda estudiantil, estacionamientos, instalaciones recreativas, tecnología informática, energía renovable y proyectos de gas natural.
Siempre hemos sido insistentes sobre esto porque no tenemos otra opción, dijo Omar Marrero, director general de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas.
Los funcionarios del gobierno han prometido que el 25% de los ingresos de esos acuerdos irán al sistema de pensión pública de la isla, que se está viniendo abajo y tiene 40.000 millones menos del presupuesto necesario. Se prevé que los fondos de este sistema se agoten este año.
Las autoridades han identificado al menos 30 proyectos que podrían beneficiarse si es que son administrados por empresas privadas, y dijeron que ello garantizaría mantenimiento bastante necesario y remodelaciones que el gobierno no puede costear. Puerto Rico ya no puede seguir financiando la mayor parte del desarrollo de la isla, dijo Elías Sánchez, representante del gobierno ante la junta de control federal que supervisa las finanzas de la isla.