La nueva normativa permite ampliar el actual intercambio automático de datos fiscales a los abonos de trusts o fundaciones, elementos utilizados como puente en los fraudes, y no sólo a las personas físicas, como se hacía hasta ahora.
Luxemburgo y Austria habían vetado previamente cualquier propuesta relativa al tema, exigiendo que la UE firmase antes acuerdos similares con Suiza, Liechtenstein, Mónaco, Andorra y San Marino, ante el temor de una fuga de capitales hacia esos países si finalmente cedían a la presión de la UE. La Comisión Europea se ha comprometido por su parte a negociar con estos cinco estados en la misma dirección. La directiva entrará en vigor en las próxima semanas.