Por el momento, el magistrado bloquea cuatrocientos millones de euros que el Ejecutivo de Cristina Fernández depositó en un banco en Buenos Aires para hacer el pago mensual al resto de fondos que años atrás aceptaron una quita de la deuda.
Fernández advierte de las consecuencias legales por retener fondos a terceros y alega que el giro ya constituye en sí un pago. Una quiebra argentina tendría consecuencias en otros países también en dificultades.