Estados Unidos retiró una parte de su ayuda a la lucha antidrogas en México luego de declararse incapaz de poder certificar el cumplimiento de los derechos humanos en ese país, informó este lunes un funcionario del
Departamento de Estado.
Por ley, "el Departamento de Estado debe retener 15% de cierto financiamiento del plan Mérida a México hasta que un informe sobre derechos humanos sea entregado al Congreso", dijo el vocero adjunto del Departamento de Estado, Mark Toner.
"Este año, el Departamento no fue capaz de confirmar y reportar al Congreso que México cumplió cabalmente todos los criterios (requeridos por la ley) y el 15% fue retirado de México", añadió.
El monto equivale a 5 millones de dólares y fue asignado a la lucha antidrogas en Perú, según el diario Washington Post.
A pesar de esa medida, Toner subrayó el apoyo continuado de Washington a las reformas del sistema de justicia y policía, "componentes esenciales para ampliar el estado de derecho y proteger los derechos humanos".
El combate contra el crimen organizado en México sigue siendo un "difícil desafío", señaló.
Washington asignó 2.300 millones de dólares para combatir el crimen organizado en el marco de la Iniciativa Mérida, que firmó con México en 2008.
El gobierno mexicano atraviesa una tormenta de acusaciones y la ira de organizaciones de derechos humanos, tras la desaparición hace un año de 43 estudiantes, en presunta colaboración entre narcotraficantes y fuerzas policiales locales.
La versión de la Fiscalía, según la cual los estudiantes habrían sido incinerados en un basurero por sicarios que los habrían confundido con integrantes de un cártel rival, es cuestionada en las conclusiones de una comisión de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En su informe sobre los derechos humanos en el mundo para 2014, el Departamento de Estado resaltó que México enfrenta importantes problemas, entre ellos la participación de militares en abusos serios como "asesinatos extrajudiciales, tortura, desapariciones y abusos físicos", en un marco de "impunidad y corrupción".
Pero Estados Unidos no colocó al país vecino entre sus principales preocupaciones mundiales en derechos humanos.