El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Luciano Jimeno Huanosta, demando conocer, con precisión los anexos del contrato con la empresa Autotráfic, para evitar errores, pues no se ha explicado cómo se garantiza el buen uso del archivo con datos personales ni se da la certeza de infraccionar a quien viola los límites de velocidad.
Aclaró “no estamos contra el Reglamento de Tránsito ni contra las acciones que protegen y previenen muertes o accidentes, pero no limitemos métodos loables ni coloquemos por encima de la cultura vial el ingreso de recursos económicos, y si vamos a ser tan generosos, subrogar facultades y copiar modelos del vecino país, que vaya integradas acciones completas y preventivas para evitar las mismas fallas. Se debe transparentar el sistema y sobre todo que no haya corrupción.
Precisó que “no se debe perder el tiempo ni gastar más recursos del erario público en plebiscitos. Es absurdo consultar cuando detectamos a todas luces irregularidades, omisiones y violaciones a las garantías.
También comentó que en un sistema similar de "fotomultas" en más de cinco ciudades de Estados Unidos, fueron detectadas irregularidades y hasta el FBI descubrió actos de corrupción. En la Ciudad de México, hay que evitarlo. Dijo que se promueven más de 13 solicitudes de información a las secretarías de Seguridad Pública, Movilidad, y Agencia de Gestión, entre otras acciones para proteger al automovilista de actos de inconstitucionales.
Explicó que se analizaron experiencias similares en Chicago, Baltimore, Columbia, Kansas y hasta Puerto Rico, entre otras, que reveló (con evidencias documentadas) fallas y colusión entre funcionarios y las empresas concesionarias del sistema, incluso responsabilidad de quienes firmaron el contrato.
Ejemplificó que tan sólo en Chicago, donde intervino el FBI desde 2014, detectaron entre la alcaldía y la empresa Redflex, soborno, falsedad en declaración, extorsión y fraude postal, incluso electrónico. Funcionarios confesaron que recibieron sobornos para servir como gestores de la empresa, dinero que fue destinado a campañas políticas en Columbus y Cincinnati a cambio de extender el programa.
Ahora procede, dijo, argumentar con acciones y cancelar actos que afectan derechos, sin negociar ni politizar la aplicación de la ley” y confió en lograr el amparo colectivo para protegerse cierto tipo de medidas.