El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda Anguiano (PRD), informó que en el actual periodo ordinario de sesiones presentará un paquete de reformas en materia laboral, para dar mayor estabilidad a los asalariados.
“A cuatro años de haberse realizado la reforma laboral impulsada por el PRI y el PAN, el panorama que enfrentan los trabajadores es desolador”, indicó el legislador en un comunicado.
Comentó que “la creación de miles de empleos formales y bien pagados simplemente no se dio; en contraparte, se ha alentado el número de trabajadores sin contrato que laboran bajo el ahora legalizado esquema de las outsourcing, sin prestaciones de ley, como el reparto de utilidades, ni los beneficios de la seguridad social”.
Ojeda Anguiano detalló que el paquete de reformas que presentará “tendrá como principales ejes, la recuperación gradual del salario, justicia laboral sumaria que anulará las famosas renuncias en blanco, certificación del patronal y modernización de los tribunales laborales”.
Señaló que “el tiempo dio la razón al PRD, las reformas aprobadas en el 2012, lejos de generar beneficios a los trabajadores, sólo han servido para agudizar la violación a los derechos de los trabajadores”.
El diputado perredista mencionó que los diagnósticos y la realidad no son nada alentadores, “toda vez que los outsourcing se han disparado, al tiempo que los patrones ahora están despreocupados en sus obligaciones”.
Puntualizó que el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) reconoce que el empleo está creciendo en el país, aunque consideró que era fundamental que las fuentes de trabajo fueran de calidad; es decir, que era necesario concentrarlas en la formalidad, con todos los beneficios que ello implica.
Expuso que los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) “revelaron que cada vez son más las empresas que se basan en este modelo para la contratación de su personal”.
Declaró que “según el INEGI, de los 29 millones 642 mil 421 personas que al cierre de 2014 se ubicaron como personal ocupado, el 16.6 por ciento pertenece al régimen de subcontratación, o sea que no son dependientes de la razón social en la que trabajan”.
Ojeda Anguiano sostuvo que “el número de juicios laborales se incrementó y se advierte que existe un alto número de convenios ante las juntas de conciliación y arbitraje”.
Opinó que “la justicia laboral pronta y expedita no se ha logrado; lamentablemente el trabajador después de muchos años verá el pago de su indemnización mermado y escaso por la inflación”.
Manifestó que ahora, “con el anuncio del recorte en el gobierno federal y en Petróleos Mexicanos (Pemex), vemos el fracaso de la actual administración, lamentablemente quienes pagarán con su ingreso las malas decisiones serán los trabajadores eventuales o por honorarios”.
Expresó que ese “recorte de siete mil 300 millones de pesos, equivale a tres aviones presidenciales, por lo que hacer un recorte de personal, más en una etapa crítica de la economía, sólo agudizará las posibilidades de subsistencia de las 25 mil familias afectadas”.
Consideró que “no es nada responsable hacer un recorte de esta índole, sobre todo por las circunstancias en las que los trabajadores quedarán expuestos ante la incertidumbre laboral en un año como este que se advierte difícil”.
Las dificultades, finalizó, por las que “atraviesa Pemex no son culpa de los 25 mil trabajadores que serán despedidos, sino de la responsabilidad de las dos administraciones anteriores que no realizaron reservas ni mantuvieron una proyección de crecimiento y fortalecimiento cuando el barril de petróleo rebasaba los 100 dólares”.