Asambleístas, funcionarios del gobierno capitalino, líderes sindicales y especialistas se pronunciaron porque la Constitución de la Ciudad de México garantice un salario digno, remunerativo y profesional para los trabajadores.
Al participar en la mesa de trabajo “Retos en materia laboral rumbo a la Constitución de la Ciudad de México”, la secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, Amalia García Medina se pronunció porque la nueva constitución tenga un apartado que garantice un salario digno.
El trabajo debe establecerse como un derecho humano, con una remuneración suficiente que satisfaga las necesidades elementales de los asalariados, destacó en el evento realizado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
La funcionaria consideró que las prestaciones deben reconocerse como un derecho laboral, así como implantarse el derecho a la no discriminación, con normas para los empleadores que garanticen la inclusión para el trabajo.
Al tratar el trabajo como un derecho humano, abundó, debe consolidarse la libertad sindical, la capacitación y la formación profesional, así como la prohibición del trabajo forzoso o de servidumbre.
Al respecto, el asambleísta Juan Gabriel Corchado Acevedo expuso que en la Ciudad de México al menos 486 mil 665 trabajadores ganan el salario mínimo, y hay 57 mil menores de edad empleados, por lo que deberán atacarse las situaciones irregulares que atentan contra la dignidad humana.
A su vez, el líder del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, Juan Ayala Rivero, manifestó que los derechos adquiridos por los asalariados son irrenunciables, y propuso que el salario base para cualquier empleado debe ser de siete mil pesos.
“Con la mejora salarial de los trabajadores se establece un círculo virtual para la economía, porque al haber mejor poder adquisitivo se reactiva el mercado, tal como está sucediendo en la Ciudad de México”, añadió.
La investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Berenice Ramírez López, refirió que hay 568 mil trabajadores empleados por empresas particulares y de gobierno que no gozan de un empleo formal, es decir que no cuentan con ninguna prestación.
Además, la mayoría de los jóvenes son contratados por honorarios, por lo que no pueden tener antigüedad ni mucho menos aspirar a una pensión en su vejez.
Al subrayar que esta situación debe atenderse, citó otras cifras que revelan que 80 por ciento de los adultos mayores carece de una pensión y 30 por ciento de la población económicamente activa se desempeña en el comercio informal.