Violando la ley, la Comisión Nacional del Agua adjudicó de forma directa contratos por casi 100 millones de pesos a una asociación que preside el ex titular de la misma Conagua, David KorenfeldFederman.
Así, lo denunció la senadora panista Mariana Gómez del Campo, quien solicitó a la Comisión Permanente del Senado de la República se investigue al ex funcionario federal, quien renunció a la Conagua luego del escándalo por el uso de un helicóptero oficial para uso personal de su familia.
La legisladora solicitó al titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la Parra, un informe donde se explique la razón por la que se dieron, en adjudicación directa, contratos a la empresa Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México A.C. y por qué este proceso no se llevó a cabo a través de licitación pública.
Al presentar el punto de acuerdo, aprobado por la asamblea de urgente resolución, la senadora Mariana Gómez del Campo, dijo que el pasado 26 de mayo, se dio a conocer que el ex director general de la Conagua, David KorenfeldFederman, benefició con recursos públicos a una a organización “sin fines de lucro” denominada Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, donde actualmente aparece como su presidente consultivo.
La legisladora del Grupo Parlamentario del PAN detalló que durante su encargo el ex alcalde de Huixquilucan Degollado emanado del Partido Revolucionario Institucional -KorenfeldFederman- adjudicó directamente tres contratos a dicha Asociación por más de 32 millones de pesos, y después de dejar el puesto la Conagua le otorgó nuevamente otros cuatro contratos, por un monto de 61.5 millones de pesos.
Lo anterior aún y cuando Korenfeld -al dejar la Conagua- fue nombrado presidente consultivo de dicha organización civil, precisó Gómez del Campo.
Advirtió que estos hechos tienen implicaciones legales graves, tanto para Korenfeld, como para el actual director, Roberto Ramírez de la Parra, ya que otorgar contratos beneficiando a uno de ellos es una acción poco ética y que es sancionada tanto por la vía administrativa como penal.
Hizo notar que existió una violación jurídica administrativa al no sujetar los contratos a una licitación pública, y subrayó que la corrupción es un problema de impunidad, por lo que es urgente que el presente caso sea investigado y en consecuencia castigado.