Al calificar de injusto el encarcelamiento del doctor José Manuel Mireles Valverde, legisladores de la bancada de Movimiento Ciudadano exigieron la urgente liberación de Mireles Valverde y afirmaron que se solicitará la creación de una comisión en la Cámara de Diputados que atienda el caso.
Tras una reunión con el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, a quien le fue turnado el caso, en conferencia de prensa, el diputado Jorge Álvarez Máynez afirmó que además de la solicitud, se presentará un punto de acuerdo para el desistimiento de la acción penal en contra del doctor.
Álvarez Máynez también comentó que Movimiento Ciudadano desde la agenda legislativa federal ha presentado propuestas para eliminar la prisión preventiva de oficio, por ser un instrumento calificado como violatorio de los derechos humanos. “Hay 100 mil mexicanos en la cárcel sin tener una sentencia. Este es un país donde la justicia la dictan los que tiene poder político, y por eso en Movimiento Ciudadano vamos a actuar en favor de la justica de los luchadores sociales”, aseguró.
Portando una playera con la leyenda #LiberenAMireles, los legisladores desde la coordinación de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco informaron que el magistrado, Avelar Gutiérrez, se comprometió a emitir un comunicado sobre su resolución a más tardar en 48 horas.
En su oportunidad el diputado Daniel Moncada Sánchez, dijo que el doctor Mireles Valverde ha sido uno de los luchadores sociales más importantes, por eso se hace un llamado al Poder Judicial, “para que asuma su rol de imparcialidad y no sólo resuelva con la ley en la mano sino con todo el contexto social que vive Michoacán” agregó.
“Han sido dos años de tener a un preso político en un campo de concentración en el penal número once de Hermosillo, Sonora, ya hemos acreditado jurídicamente que no hay elementos para mantenerlo cautivo”, concluyó.
Ignacio Mendoza Jiménez, abogado del doctor Mireles, acompañó a los legisladores y señaló que en el expediente dentro del proceso ya está acreditado fehacientemente que el Estado mexicano le otorgó al líder de las autodefensas de Michoacán, la autorización de facto para poseer y portar armas, e incluso hicieron operativos conjuntos con el Ejército y la Policía Federal.