El Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información del Senado a través de su secretario, Zoé Robledo, advirtió que el combate a la corrupción y rendición de cuentas en los estados del país “está haciendo agua” pues los congresos locales no les otorgan recursos suficientes con lo cual se les “ata de manos” para
combatir estos flagelos.
“A todos estos hombres y mujeres les han atado la mano, los congresos estatales a la hora de darles presupuesto”, advirtió.
Detalló que a nivel federal son 7.67 pesos los que se erogan por persona para la transparencia, mientras que en algunos estados de la República apenas se destina 2.1 pesos.
“ No se puede pensar en que puedan tener una buena actuación ahí donde más lo necesitan, en los estados, sino tienen presupuesto justamente para cumplir con las tareas que les hemos encargado desde el legislativo”, recalcó
Sin embargo, acusó que son las que menos recursos destinan a los órganos de transparencia y rendición de cuentas.
Dijo que hay estados que destinan menos del 0.03 por ciento del presupuesto estatal para los órganos de transparencia como Baja California y Chiapas.
Otros, el 0.08 por ciento que, se ha estimado, puede ser una cantidad suficiente o adecuada para atender los temas de la transparencia
Por ello, Robledo informó que ya presentó un punto de acuerdo al Pleno del Senado donde solicitó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión asignar una partida presupuestal específica para los órganos garantes de transparencia en los estados.
Acompañado por Areli Cano y Oscar Guerra, Comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), el legislador por Chiapas recalcó que todas las reformas que se han hecho en materia de transparencia y rendición de cuentas son limitadas en los estados porque los congresos locales no designan el presupuesto necesario para su implementación.
En su turno, el comisionado Oscar Guerra se sumó al llamado a la Cámara de Diputados para que se sensibilice para aportar recursos vía el Ramo 23 que puedan aliviar la situación de los órganos garantes locales y sobre todo que permita cumplir con las leyes en materia de transparencia y acceso a la información.
“Invertir en materia de transparencia permitiría que los recursos que van a las entidades federativas se utilicen realmente para lo que son, y si no que quede la evidencia”, apuntó.