Organizaciones civiles y académicos mexicanos advirtieron el martes que una iniciativa de ley para regular la presencia de las fuerzas armadas en las calles para combatir el narcotráfico podría acabar protegiendo a militares que violen los derechos humanos.
El proyecto de la Ley de Seguridad Interior, que se discute en el Congreso, busca dar un marco legal a la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado, que comenzó a finales de 2006 bajo el gobierno de Felipe Calderón.
La ola de violencia que sacude a México ha dejado en la última década al menos 177 mil muertos, según cifras oficiales que no especifican cuántos casos están relacionados con el crimen organizado.
La politóloga y escritora Denise Dresser sostuvo que el objetivo último de la iniciativa es permitir que los militares hagan uso de la fuerza inconstitucionalmente.
"Parecería que los generales quieren que les lavemos la cara, que les proveamos de leyes que protejan al mando militar, leyes para evitar que algún día la fiscalía general o la comunidad internacional los llamen a rendir cuentas", afirmó en una conferencia de prensa.
A menos de una semana de que militares abatieran al cabecilla de un cártel junto a otros siete presuntos delincuentes abriendo fuego desde un helicóptero sobre una zona residencial de la ciudad de Tepic, activistas expresaron su preocupación por los métodos de las fuerzas armadas.
Alejandro Madrazo, coordinador del programa de política de drogas del Centro de Investigación y Docencia Económica, cuestionó la versión ofrecida por la Marina de México sobre el incidente, según la cual todos los involucrados eran sicarios.
"¿Qué autoridad independiente de la Marina realizó esa investigación y nos puede corroborar que las cosas sucedieron como dice el Secretario? (de la Marina) ¿Cómo debemos tomarle la palabra cuando dice que es proporcional el uso de helicópteros artillados en zonas residenciales de noche en contra de la población civil?", se preguntó Madrazo.
El experto consideró además que las iniciativas propuestas por legisladores locales para la Ley de Seguridad Interior son de "enorme deficiencia técnica y dudosa constitucionalidad".
Aseveró que en los últimos diez años se ha realizado una multiplicidad de estudios, de diversos órganos nacionales e internacionales, que encienden fuertes señales de alarma sobre la militarización de la lucha contra el crimen en México.
"Esta información no parece estar siendo tomada en cuenta por nuestros legisladores. Nuestra exigencia es que legislen con base en evidencia, porque evidencia hay", sentenció.