La Comisión Especial de la Cámara de Diputados que da seguimiento a las agresiones contra periodistas, lamentó que el mecanismo de protección a los comunicadores a cargo de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en coordinación con otras dependencias, no tenga capacidad de operar y ni siquiera cuente con recursos para cumplir sus labores.
Los legisladores señalaron que de acuerdo a la titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de Gobernación, Patricia Conchero, el Fideicomiso Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se quedará sin recursos entre septiembre y octubre próximos.
Destacaron que a partir de esa fecha, los 509 casos de personas amenazadas o agredidas por sus labores en el periodismo y la defensa de los derechos humanos, no podrán ser atendidos en su totalidad.
Al adelantar que el próximo 24 de abril la Comisión Especial llevará a cabo un foro temático, los integrantes de esa instancia parlamentaria presidida por la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Brenda Velázquez, reiteraron su preocupación por la falta de recursos y por ende, de capacidad de acción para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos.
Señalaron que a decir de la titular de la Unidad referida, los congresistas no etiquetaron en el presupuesto del 2017, es decir, no destinaron recursos fijos al Fideicomiso Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por lo que está operando con los remanentes del año pasado y lo poco que le queda, se agotará entre septiembre y octubre próximos.
En ese marco, el vicecoordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Virgilio Caballero, advirtió que ante el recrudecimiento de la violencia contra periodistas y defensores de derechos, las instituciones del Estado sean incapaces de actuar.
Calificó como “increíble” que pese a los asesinatos de tres periodistas registrados en el último mes y a que se conocía que algunos de ellos habían sido amenazados por su trabajo periodístico, como Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, el mecanismo de Gobernación no les hubiese brindado apoyo ni protección.
A su vez, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Candelaria Ochoa, pidió aclarar en qué términos se atienden los 509 casos de periodistas y defensores que han solicitado auxilio del Estado para proteger su vida.
Los parlamentarios indicaron que de acuerdo a la funcionaria de la Secretaría de Gobernación, no se castigan los delitos contra periodistas, porque las investigaciones en la materia no son eficaces ni efectivas; porque los periodistas amenazados no denuncian pues no confían en la autoridad.
Recordaron que el mecanismo entra en marcha cuando alguna persona o grupo de personas lo solicitan; contempla la aplicación de protocolos de protección; y la alerta se activa en casos de amenazas y agresiones, a partir de la verificación de la existencia del riesgo en el lugar denunciado por los afectados, del análisis de su trabajo periodístico, de las condiciones en su entorno, del grado de riesgo en su lugar de residencia y de los peligros que pudiesen correr sus familiares.
Indicaron que en los casos atendibles, se proporciona un dispositivo GPS al periodista o defensor amenazado, o bien, se le facilita el acompañamiento de elementos de la Policía Federal; aunado a que se asigna un número o botón de emergencia vinculado a corporaciones policiacas locales y la propia Policía Federal.