El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 379 votos a favor, dictamen que reforma los artículos 11 y 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y gobiernos de entidades
federativas, puedan suscribir convenios o acuerdos de coordinación para la prevención y control de la contaminación.
Al fundamentar el dictamen, Miguel Ángel Ramírez Ponce (PRI) explicó que es necesario implementar mecanismos legislativos que permitan la integridad de la población y protección del Medio Ambiente.
Recalcó que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la Zona Metropolitana de Monterrey es la zona más contaminada del país, al mantener una concentración de sulfato, nitrato y carbono negro de 86PM10.
Asimismo, según estudios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, arrojó que contaminación la atmosférica del área metropolitana de la entidad regia cuesta al gobierno y a particulares entre 4 mil y 8 mil millones de dólares anuales.
Existe, además, una inestabilidad al llevarse a cabo actividades laborales y escolares por las múltiples contingencias ambientales que se presentan día con día.
Ramírez Ponce destacó los alcances que tiene la afectación al medio ambiente en el número de defunciones en menores de cinco años, a consecuencia del cambio climático debido a problemas de las vías respiratorias, la contaminación del agua y aire.
Las políticas públicas en la materia han sido significativas para el control de los contaminantes como la Norma Oficial Mexicana 021 SSA1 1993 Salud Ambiental, que es el criterio para evaluar la calidad del aire respecto al monóxido de carbono. No obstante, son necesarias acciones legislativas que coadyuven en mecanismos que mitiguen los factores contaminantes.
Ante este panorama, es “relevante que los municipios puedan celebrar convenios y acuerdos, y también deberán contar con los medios necesarios, el personal capacitado, los recursos materiales y financieros, así como la estructura institucional específica”.
El diputado panista estimó pertinente restructurar las actividades con fines lucrativos de las industrias extractoras, debido a la ponderación de bienes jurídicos que están involucrados, y pidió resaltar el interés jurídico sobre el bienestar de la salud y la vida de los habitantes sobre el beneficio económico de ciertos sectores.
Durante la discusión, la diputada panista Ximena Tamariz García se pronunció a favor, porque contribuye a mejorar la calidad del aire en la zona del área metropolitana, donde operan empresas mejor conocidas como “pedreras”.
“Industria que extrae y procesa materiales de las rocas, principalmente destinados a la construcción, que está afectando la salud pública como es el caso de los regiomontanos”, señaló.
Enfatizó que el dictamen busca atender los efectos en el medio ambiente y en las personas en la actividad de las “pedreras”, a través de la concurrencia entre los tres niveles de gobierno. Esto contribuirá a resolver el problema de contaminación en la zona metropolitana de Monterrey, pero además fijará normas para atender casos similares en otras regiones del país, concluyó.