Las nuevas disposiciones a la Ley de Planeación aprobadas por el Senado de la República, evitarán golpes de timón y promoverán el desarrollo del país, al dotar de certidumbre jurídica a los criterios para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y los programas que de éste se deriven.
Así lo aseguró la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, presidenta de la Junta de Coordinación Política, quien agregó que las reformas a ese ordenamiento proponen un nuevo enfoque al diseño sexenal de las acciones del Gobierno Federal, para asegurar el desarrollo equitativo, incluyente, y sustentable del país.
Precisó que una vez que entre en vigor el decreto “cambiará significativamente la forma en que se realiza la Planeación Nacional del Desarrollo, pues se elaborará con una perspectiva de largo plazo, acorde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030”
Además -explicó la legisladora- estará enfocado a resultados, pues los presupuestos y planes de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán adecuarse a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, y no al revés.
Será más abierto, pues incluirá la participación de los órganos constitucionales autónomos y los gobiernos de las entidades federativas, y se dará certeza a los mecanismos de consulta a través de las disposiciones reglamentarias, indicó.
Ana Lilia Herrera hizo hincapié en que con esas adecuaciones, el Plan Nacional de Desarrollo será más incluyente, pues observará siempre las perspectivas de interculturalidad, igualdad de género y no discriminación.
Destacó también que las reformas dotarán a ese instrumento de mejores mecanismos de rendición de cuentas, pues obliga a la Secretaría de Hacienda a publicar la información relacionada con el seguimiento de sus objetivos en el Portal de Transparencia Presupuestaria.
Por último, la senadora Herrera Anzaldo señaló que además, se fortalece el sistema de contrapesos entre poderes, pues la Cámara de Diputados se asegurará de que el Plan Nacional de Desarrollo cumpla con los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución y, de no ser así, lo devolverá al Presidente de la República para su adecuación.