El pleno del Senado de la República inició el análisis y debate de la eventual aprobación del dictamen a la minuta que expide la Ley General de Comunicación
Social, la cual pretende reglamentar el modelo de propaganda gubernamental y garantizar que el gasto en la materia cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
En el marco de la sesión ordinaria de este miércoles, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, consultó a la asamblea si respaldaban el dictamen presentado las comisiones dictaminadoras, ya que no fue avalado porque resultó en empate.
El votación económica se votó a favor de discutir el dictamen y de inmediato se dispensaron la primera y segunda lecturas para empezar el debate de esta reforma que se derivó de la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que el Congreso de la Unión expida antes del 30 de abril un marco regulatorio en la materia.
Dicho marco debe establecer con claridad las normas a que deberá sujetarse el Estado, a fin de asegurar que no se limite la libertad de expresión y que los recursos en comunicación social cumplan con dichos principios.
El ordenamiento será aplicable a los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y las entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno.
En tribuna, la senadora sin partido, Martha Tagle, fijo postura en contra de ese marco legal al argumentar que incumple con lo que estipuló la Corte, pues consideró que continuará la discrecionalidad en el otorgamiento de publicidad a medios de comunicación.